WLwa delegada del Gobierno en Extremadra, Carmen Pereira y la directora del Instituto de la Mujer, Josefa Caraballo , dieron a conocer ayer los datos sobre el número de actuaciones policiales que se han realizado en Extremadura en lo que va de año en cuanto a violencia doméstica. Los números hablan por sí solos: 277 detenciones en sólo seis meses frente a las 44 registradas en el mismo periodo del año anterior. Para explicar este espectacular incremento hay que considerar que en este tiempo se ha puesto en marcha la modificación del Código Penal, con la conversión en delito de todas aquellas faltas de lesiones cometidas en el ámbito familiar. Sin embargo, esta consideración no resta un ápice a la gravedad de un problema que requiere, por necesaria, de la aplicación integral contra la violencia de género ahora en trámite parlamentario, en la que no sólo se establecen mecanismos policiales y judiciales contra los presuntos maltratadores, sino una protección social de las víctimas, tan necesaria o más que aquéllos. La imagen conjunta de Pereira y Caraballo es tranquilizadora por este doble motivo; porque, por un lado, se contempla el compromiso para atajar el delito; y por otro, se da fe del interés por lograr esa protección social y asistencial.
