El Gobierno central tiene el propósito de que después del verano esté funcionando con normalidad todo lo dispuesto en el anteproyecto de ley de garantía de la unidad de mercado que aprobó el viernes pasado y que incluye la nueva Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC). Objetivamente, se trata de una buena noticia. Primero, porque el Gobierno cumple así el mandato de la Unión Europea, que ve con preocupación que mientras los países ceden competencias a Bruselas para crear un verdadero mercado único, en el interior de esos territorios tiene lugar el proceso inverso. Además, si una ley de estas características se diseña bien y los órganos que propone están suficientemente dotados y pueden funcionar con eficacia, todo el mundo saldrá ganando. Pero de una forma muy especial aquellas comunidades autónomas con un tejido industrial capaz de trabajar y hacer negocios en zonas distintas a las de origen.

Estamos hablando, sobre todo, de Madrid, País Vasco y Cataluña. Las empresas radicadas en estas autonomías son las que más sufren, contra lo que pueda parecer, la actual diversidad de normativas. El Ministerio de Economía cifra en 100.000 el número de leyes que se han redactado en España --entre la Administración central y las autonómicas-- desde 1978 y que afectan a la actividad de las empresas.

Para empezar, bastará con estar registrado en una comunidad para actuar en cualquier punto de España, eliminando la posibilidad de que, por ejemplo, en un concurso público el convocante exija a quienes opten a que tengan sede en su municipio, provincia o autonomía. La sobrerregulación inevitable que se deriva de un Estado complejo, como es el autonómico, no debe obstaculizar la actividad, o hacerlo mínimamente.

La nueva ley que ahora se tramita prevé que cada comunidad española informe a las demás de sus intenciones legislativas en materias sensibles para sus vecinos, mientras que la CNMC se encargará de dirimir los litigios. El Gobierno tendrá la oportunidad de demostrar en la tramitación parlamentaria del proyecto que este no esconde un deseo de recentralizar ni de reducir la capacidad de las autonomías para competir entre sí. Las empresas reclaman desde hace años mecanismos legales que les permitan vivir en el Estado autonómico sin que este les encarezca los costes todavía más. Ahora tienen una gran oportunidad de demostrarlo.