XDxefender y garantizar la autonomía universitaria debe significar algo más que el obligado cumplimiento del mandato de la Constitución española (artículo 27.10). Implica reconocer y proteger uno de los derechos que de modo expreso ha querido singularizar la Carta Magna. Un derecho que se fundamenta en el principio de libertad académica y que se manifiesta en la libertad de cátedra, de investigación y de estudio. Principios que, convendría recordar, se reclamaron y consiguieron, frente al poder intervensionista de muchos políticos del siglo XIX, se reivindicaron y defendieron durante la dictadura franquista, en el siglo XX, y que es preciso preservar, ahora en el siglo XXI, frente a las tentaciones del poder por controlar la Universidad y ponerla a su servicio. Cuando hablamos de autonomía universitaria nos referimos, desde luego, a la autonomía de gestión y a la académica. Un asunto muy reconocido y apreciado por el conjunto de los universitarios.
Hablamos de uno de los principios de identidad de la academia, que tal vez no se valore lo suficiente cuando se tiene, pero que activa las alarmas cuando alguien la pone en riesgo.
Es verdad que la situación actual de redefinición del modelo de universidad, obliga a redefinir también de los límites mismos de la autonomía universitaria, pero ¿cuáles son los límites de la autonomía universitaria del siglo XXI?
La respuesta no es sencilla --en realidad no lo ha sido nunca-- pero la dificultad de la respuesta no debe ser zanjada, desde luego, con opciones como las que esgrimen algunos al proponer limitar, sin más, la autonomía de la Universidad. Lo que conduce desde luego a hacer delegación de autonomía a favor de intereses ajenos a la Universidad, normalmente a favor de los poderes políticos o económicos o de las exigencias del mercado. Como podemos observar nada nuevo. Solo que ahora disfrazado con argumentos de eficiencia, coste de oportunidad, control social, límites a ciertos privilegios, corresponsabilidad... y un largo y elaborado discurso, en el que lo que importa es poner límites a una Universidad incapaz de rechistar ante el principio, esgrimido por el poder político, de quien paga manda . Aunque quien pague sean los ciudadanos con sus impuestos a los que se les suele hurtar cualquier oportunidad de debate, cada día más reducido a grupos de tertulianos, creadores de opinión y de políticos incómodos con el papel autónomo de la Universidad.
Pero en realidad se trataría de hacer todo lo contrario. Se trataría, en una interpretación actualizada con proyección de futuro --según palabras de Michavila -- de "revisar el funcionamiento autónomo de las instituciones de enseñanza superior en la relación con el poder político y de su responsabilidad como servicio público".
Una revisión que no conduzca a la injerencia del poder político y a una menor autonomía.
Defendemos un modelo de Universidad que se gobierne desde la autonomía y la responsabilidad social; que suponga más oportunidades para la formación de mayor número de jóvenes en edad de acceder a la Universidad; que responda a las características del entorno en que se encuentra; que cumpla los principios de demanda social; que cuente con una ley de financiación propia; que desarrolle la cultura de la calidad, que sea dinamizadora de la sociedad que la mantiene; que dé cuentas de lo que hace y con qué coste; que contribuya a acrecentar el conocimiento y los avances cientificotécnicos; que prepare el futuro de los ciudadanos, y ciudadanos para el futuro.
Desde esta reflexión nos posicionamos en contra de quienes, desde dentro y fuera de la Universidad, reclaman o ejercen mayor control e injerencia del poder político; de los que les gustaría ver una Universidad al servicio de los intereses del gobierno de turno; de los que hablan de cambiar la Universidad para hacer de la misma un espacio de dominio de los poderes del mercado; de los que critican la autonomía o hacen dejación de ella para que dicha autonomía sea sustituida por mayor control político; de los que dicen defender la Universidad pero no les preocupa la financiación estable; de los que formando parte de la misma no creen en ella y la ponen constantemente bajo sospecha; de los que sutilmente van mermando el valor de la Universidad como valor público?
Más autonomía es más Universidad. Pero la autonomía se soporta sobre la suficiencia financiera y sobre un mayor compromiso económico con su sostenibilidad. Por tanto, más autonomía universitaria exige mayor inversión, en docencia, en investigación y en infraestructuras, ahora que nuestra incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior nos brinda la oportunidad de apostar por más Universidad. Si en nuestro país el gasto público en Universidad no llega a la media de los países desarrollados y el gasto medio por alumno, en educación universitaria, es de unos tres mil euros menos que en el conjunto de la OCDE, parece más que evidente que la descapitalización de la Universidad es un asunto sin cuya solución se hará imposible la verdadera convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior.
El futuro nos reserva un reto, y este reto es la apuesta por una Universidad más autónoma y suficientemente financiada, lo que supondrá la mejor apuesta social de un país que cree y que trabaja por un futuro mejor más libre y más próspero.
*Profesor de la Uex
