El esperado informe del CSIC sobre la isla de Valdecañas viene a señalar que dejar la zona en su estado actual es lo más perjudicial para la ZEPA que existe sobre este emplazamiento. Sin embargo, también indica que devolverlo a su estado original de 2006 produciría un perjuicio ambiental mayor que un proyecto de restauración que partiese de su estado actual. Una de cal y otra de arena que no contenta a ninguna de las partes del litigio, medioambientalistas frente a propietarios y la administración autonómica, los cuales disponen ahora de dos meses para presentar alegaciones.

El informe medioambiental elaborado por la Estación Biólogica de Doñana, dependiente del CSIC, responde a las 14 cuestiones planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx. Entre sus respuestas señala que «la construcción del complejo y su funcionamiento han tenido impactos ambientales, negativos y de consideración, sobre la isla y la ZEPA». Apunta que modificó los hábitats de la isla, «lo que teóricamente supuso la desaparición de un tercio de las especies de aves terrestres en época de reproducción y de un quinto de las especies invernantes». La mayoría de estas especies estaban protegidas por la ley», destaca. Además, la construcción supuso eliminar más de la mitad de los árboles y arbustos nativos que se estaban regenerando naturalmente y lo que se revegetó fue menos de la mitad de la cobertura perdida.

Aún así, los científicos de Donaña estiman que devolver esos terrenos a su estado originario, tal y como estaban antes de iniciarse las obras en el 2006, «produciría un perjuicio ambiental mayor que un proyecto de restauración ecológica que partiese de la situación actual» y que, a su juicio, tendrían un impacto ambiental positivo sobre la ZEPA a largo plazo. El problema más serio de una posible demolición sería la gestión de los más de 140.000 metros cúbicos de residuos que estiman que se generarían, aunque existen técnicas de reciclado que podrían atenuar ese impacto.

Con todo, las partes tienen ahora que posicionarse en este informe que ocupa la friolera de 1.100 páginas. Finalmente, serán de nuevo los tribunales los que decidan en sentencia cómo abordar esta actuación, la cual condicionará su futuro dado que, por pronto, queda desaconsejado que se siga construyendo en la zona.

De momento no hay ganadores ni perdedores, si acaso un punto y seguido en una pugna que lleva más de 10 años y que demuestra que, en su momento, no se actuó bien y ahora resulta que el remedio podría aún ser peor que la enfermedad.