El reciente escándalo de la presunta, hasta ahora, filtración de los exámenes de selectividad en la web de la Universidad de Extremadura nos puede llevar a reflexionar sobre algunos temas que han sido objeto de debate a lo largo de los siglos, como, por ejemplo, el acceso a la universidad para todos.
Hasta hace poco, los estudios universitarios sólo eran accesibles para unos pocos, por lo general, para quienes disponían de una situación económica desahogada y procedían de las clases sociales más elevadas, tal como se observa en imágenes en blanco y negro del pasado, donde los antiguos universitarios (hombres, en su mayoría) acudían a sus clases en chaqueta y corbata, que contrasta con el atuendo de los universitarios y universitarias actuales, móvil en mano.
Sin embargo, la llegada de la democracia y la desaparición de las clases sociales propició que cualquier ciudadano pudiera acceder a una carrera universitaria en las mismas condiciones que los más poderosos. Al menos desde la Grecia antigua, se tiene noticia de la lucha del pueblo para acceder a los cargos públicos. Se ignora hacia dónde va encaminada la investigación judicial y si será eficaz. También es dudosa la solución adoptada por los responsables de la universidad: repetir los exámenes y poner en pie de guerra a toda una generación de estudiantes de diversas especialidades. Pero esto nos lleva a otro tema de debate más importante: ¿en realidad es imparcial la Administración pública en España? ¿quién me dice a mí que quienes redactan los exámenes de la selectividad o de las oposiciones públicas no los filtran a sus amigos y familiares?
A la vuelta de la esquina se celebrarán en toda España oposiciones a profesores y maestros, en las cuales la Administración nombra a dedo a los presidentes de los tribunales (se puede suponer que entre sus parientes y amigos) y nadie protesta contra ello, al contrario que los estudiantes extremeños, que han tenido la valentía de no callarse y echarse a la calle a reivindicar sus derechos, cuales valientes espartanos. Pero, como decía el ratón, no se vayan todavía, aún hay más. Las pruebas de acceso a la función pública docente se componen de una parte teórica consistente en el desarrollo por escrito de un tema elegido al azar de entre los que componen el temario, hasta aquí todo legal, pero es que, además, existe una prueba práctica elaborada de antemano por el tribunal en la que, dime tú a mí si no se ha filtrado ya con anterioridad a algunos opositores.
Hace unos años, en que participé a las oposiciones a los cuerpos docentes, me extrañó sobremanera que el presidente del tribunal preguntase a cada aspirante de dónde era y si había trabajado antes.
En definitiva, la conclusión que puede extraerse de todo este escándalo es si realmente la Administración pública en España es imparcial. Está claro que ha habido una filtración pública de los exámenes a través de la web de la universidad, accesible para todos, pero ¿cuántas filtraciones se producen y no se ven a diario en las miles de oposiciones que cada año se convocan a funcionarios de ayuntamientos, bomberos, policías locales o personal laboral de las diferentes administraciones públicas?
