El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha tenido la feliz idea de animar a los ciudadanos para que vean como se desarrollan los juicios en Cáceres. Poca gente sabe que los juicios se celebran en sesiones públicas, y menos todavía se han molestado en acercarse a verlos. Se persigue con ello mejorar la imagen que los ciudadanos tienen de los jueces y sus colaboradores. La tarea es difícil porque en la imagen popular la justicia es como un tren que casi siempre va con retraso y a veces ni siquiera llega.

En mi doble condición de miembro del Colegio de Abogados y de la Asociación de la Prensa disfruto de una posición privilegiada para comentar los problemas de imagen de la justicia.

Vaya por delante que como norma general la maquinaria judicial funciona bastante bien. Los lectores deben entender que cada día se pronuncian más de dos mil sentencias en los más de mil quinientos tribunales que hay en España. No es de extrañar que de cuando en cuando haya alguna sentencia aberrante, como la que obtuvo amplio eco la semana pasada en que se absolvía a un conductor que iba a 260 kilómetros por hora.

Los ciudadanos se quejan de que la justicia es lenta, cara y no se entiende.

XRESPECTO Ax la lentitud hay que explicar que el proceso judicial está reglado minuciosamente para dar garantías a las dos partes. Si, como suele suceder, una de las partes no tiene interés alguno en facilitar la tarea judicial, es fácil atascar la maquinaria. Por ejemplo, si el demandado se niega a recoger las notificaciones, o recurre todo tipo de resoluciones. Conocí un desahucio en Cáceres por impago de hipoteca que trajo loco al abogado de Bankinter porque la morosa era una joven y ladina abogada que prolongó el proceso más de tres años.

Por el contrario un proceso de divorcio de común acuerdo entre ambos cónyuges se ha resuelto en menos de seis semanas en el Juzgado de Familia de Badajoz, donde la eficiencia es notable. La otra cara de la moneda la proporciona el juzgado de Olivenza, que ha llegado a tardar once meses en un simple traslado de copias. La justicia es cara, pero de esto no tienen la culpa los jueces ni el Ministerio de Justicia, sino los abogados. Los ciudadanos han de saber que tienen derecho a pedir, por escrito, una estimación de cuánto van a costar los servicios de los profesionales del derecho, aunque a muchos abogados no les gusta que sus clientes pidan ese presupuesto vinculante .

Es indudable que la profesión de abogado no ocupa puestos destacados en el ranking de prestigio social. Eso ha sido así en todas las culturas y todos los tiempos. Los propios abogados somos culpables de ello. Existe la tentación de abusar de los mecanismos legales que se conocen bien. La semana pasada, sin ir más lejos, la Audiencia Provincial de Cáceres condenó a seis años de prisión a un abogado que urdió un plan para dejar sin dinero a su excuñada. Hace dos años el Tribunal Supremo impuso severísima pena de prisión a un abogado desalmado que se apropió de la mayor parte de la indemnización que el seguro había pagado ¡a la viuda de su mejor amigo, también abogado!

El propio presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer , me contó con gracia el último chiste sobre la denostada profesión: "Aquel año hacía tanto frío en Nueva York que hasta los abogados llevaban las manos en sus propios bolsillos".

Por último está el problema de que la justicia no se entiende. Desde antes de Jesucristo los abogados utilizamos términos profesionales que nos colocan por encima de los mortales comunes. Las sutilezas jurídicas se visten con términos exclusivos como litisconsorcio pasivo necesario . En el juicio un actor no es el que interpreta un papel, sino el demandante o acusador. Pero quizás el nombre de intérprete le vendría mejor en ocasiones.

De todos modos, un buen juicio es mejor que una obra de teatro. Porque es real como la vida misma. Lo más frustrante para los espectadores de los juicios, es que se van de la sala de vistas sin conocer la sentencia, que es como irse del cine, sin ver el final de la peli.

*Abogado y periodista