El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha comprometido a dimitir si el Gobierno decide que la localidad cacereña de Albalá sea la que acoja el almacén de residuos nucleares, el ATC. Un gesto sorprendente en Vara, puesto que lleva los aromas populistas que tan caros le eran al expresidente Rodríguez Ibarra y de los que hasta ahora, por fortuna, se había alejado. Tan ´ibarrista´ ha sido su decisión que se diría que el presidente ha pisado ahora en la huella que dejó su antecesor cuando se ventilaba la construcción de Valdecaballeros.
Un gesto el de Fernández Vara que es, además, innecesario. Porque en democracia ninguno, por muy inesperado, por mucho eco que concite en la opinión pública, vale más que las decisiones de las instituciones, y no hay ninguna decisión que supere en legitimidad y fuerza democrática que la declaración unánime de la Asamblea rechazando el cementerio nuclear en suelo extremeño. Pretender que la amenaza de dimisión debe ser tenida en cuenta por el Gobierno como si la declaración de la Cámara en la que reside la voluntad popular no fuera suficiente es hacer de menos precisamente a esa institución, la que decide quién es el presidente y a la que el presidente debe rendir cuentas.
Los ciudadanos no votan a sus representantes para que dimitan de sus responsabilidades, sino para que las afronten. Si el Gobierno decidiera, cumpliendo un procedimiento que ha votado el partido del presidente, que Albalá fuera la sede del ATC, Extremadura tendría dos problemas: el ATC y una crisis institucional creada exclusivamente por su presidente. Un despropósito.
