La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los desahucios en España debería abrir en el Gobierno una profunda y sincera reflexión sobre el drama que representa para muchas familias la pérdida de la vivienda y sobre la necesidad de afrontar esta cara --la peor-- del pinchazo de la burbuja inmobiliaria con nuevos mecanismos normativos de referencia para los jueces españoles. A la rebelión de estos, encorsetados por una norma decimonónica que supone un déficit democrático en la aplicación de la justicia, se debe el trascendental fallo del Tribunal de Luxemburgo.

Este fallo, sin duda, modificará el proceder de los jueces de toda Europa, que tendrán ahora una herramienta jurídica emanada de la más alta instancia para interpretar cómodamente las respectivas legislaciones nacionales. Desde ahora, los jueces ya no tendrán por qué aplicar una norma de su país que sea contraria a la directiva europea, ni sucumbir y no amparar debidamente los derechos de los consumidores frente a los abusos de terceros por lo que respecta a su vivienda.

España debería comprometerse no solo a adaptar la legislación pendiente de trámite a la sentencia de la Unión Europea, sino a elaborar un proyecto de ley que no vuelva a ser cuestionado, por ineficaz, por los mismos jueces, la mayoría de partidos políticos y, lo más importante, la ciudadanía. Es precisa una reacción acorde con el clamor popular.

El Gobierno no puede volver a quedar en evidencia como el mes pasado, cuando, ante la presión de la calle a favor de la iniciativa legislativa popular sobre los desahucios, tuvo que dar marcha atrás a última hora y aceptar a trámite en el Congreso esa ILP. De momento, como señal de fuerza, el Ejecutivo mantiene la tramitación de su decreto-ley con carácter de urgencia, de forma que no pasará por los plenos de las cámaras.

A Mariano Rajoy no se le intuyó ayer ninguna flexibilización ante las demandas de la PAH y la oposición. Pero es imprescindible no incurrir de nuevo en la cicatería exhibida en noviembre, cuando se aprobó un plan contra los desahucios con una letra pequeña inaplicable a la inmensa mayoría de afectados. No se trata de amedrentar al sector hipotecario ni de enviar un mensaje erróneo al más del 90% de personas que pagan su hipoteca, sino de evitar, como dice la UE, los abusos bancarios y buscar alternativas al desahucio. Algo justo, lógico y razonable.