Tras cinco años sin convenio colectivo, los controladores aéreos y AENA han conseguido renovarlo por tres años gracias al laudo de obligado cumplimiento logrado por la mediación del exministro de Trabajo Manuel Pimentel. La filosofía del acuerdo se basa en dos supuestos, que los controladores españoles trabajan y cobran más que los europeos y que en el futuro trabajarán menos y cobrarán menos. Unos 200.000 euros brutos anuales por 1.670 horas el primer y segundo año; y en el tercero comienza el descenso de ambos parámetros. Las remuneraciones siguen siendo muy altas, pero se acaba con ciertos lastres del pasado, como las promociones profesionales al viejo estilo militar de la antigüedad y las prejubilaciones especiales a los 52 años. Aunque el ministro de Fomento proclame que en el cierre del conflicto que supone la firma del convenio no hay vencedores ni vencidos, lo cierto es que el Gobierno ha conseguido sus objetivos fundamentales, que pasaban por aumentar la productividad de estos 2.400 profesionales y reducir su absentismo. Con un historial de conflictividad que se remonta al verano de 1976 y que está jalonado del recurso a la huelga de celo y los envites desproporcionados sin previo aviso, Fomento se propuso desactivar el poder de paralización del país de este pequeño colectivo, como demostró el 4 de diciembre pasado al militarizarlo. La firma del convenio colectivo forma parte de una serie de medidas, entre las que se incluyen la privatización de las torres de control --trece para este año-- y de AENA.
