El Corte Inglés, que es como algunos han venido nominando e identificando una propuesta legal de modificación urbanística del uso de la parcela sita entre las calles San Pedro de Alcántara y avenida Virgen de Guadalupe de la ciudad de Cáceres, no es sólo eso, sino también la posibilidad de construir un nuevo colegio y una zona residencial.

Como todo el mundo sabe, El Corte Inglés es una empresa de prestigio internacional, cuyos establecimientos crean a su alrededor expectativas y sinergias, en virtud de las cuales el efecto multiplicador de sus beneficios se extiende tanto a negocios y servicios próximos, como a sectores urbanos completos y en ocasiones a ciudades y territorios.

Su implantación, deseada en todas partes, es apoyada e incentivada en la medida de las posibilidades de cada uno y siempre bajo el indispensable criterio del cumplimiento de la legalidad.

Como bien han reflejado los analistas en los medios de comunicación, "el gran almacén es consciente de haberse convertido en un fenómeno social y sabe que lo que toca se dispara"; o como también hemos visto manifestado "lo que pone El Corte Inglés por el terreno no permite la operación". Es así de sencillo a pesar del tratamiento escandalosamente demagógico que quieren algunos darle al tema.

Voy a desenmascarar aquí, pública y decididamente, la maniobra, política ante todo, basada en un planteamiento tan demagógico como ficticio: Todos queremos Corte Inglés pero no queremos la edificabilidad con la que podría beneficiarse el promotor . Este esquema, elemental y desconocedor de la realidad y de los términos del convenio, se completa en las últimas horas con el señuelo de la ofrecida mediación entre el centro comercial y el ayuntamiento. Otra vez palabras huecas, que suenan bien pero no resuelven nada y se suman a la ceremonia de la confusión. Porque ¿qué mediación se puede hacer entre dos partes que están de acuerdo, si quien financia la operación son las viviendas?, ¿o es que alguien sugiere que financie el ayuntamiento utilizando para esto sus presupuestos?

Si hubiera existido alguna posibilidad de que el ayuntamiento gestionase directamente la implantación de El Corte Inglés, no dude nadie de que ya la habría ejercitado. Al igual que con todo aquel que de manera fehaciente quiera invertir en la ciudad, con los consiguientes beneficios de desarrollo económico y social y generación de empleo.

Llevamos siguiendo desde hace tres años todos los pasos de la negociación, para llegar a los acuerdos de todas las partes que permitieran la consecución del convenio. Para algún oportunista, se han perdido tres años y solo falta un mes para que nos liberemos del convenio, pero la realidad es la contraria: llevamos tres años de laboriosísimas negociaciones y trabajo de todas las partes y faltan pocos días para que la demagogia, el oportunismo político y la indolencia que han sustituido al análisis riguroso de los informes y las condiciones del convenio, den al traste con todo el trabajo realizado. Para representantes políticos ajenos a la realidad de esta ciudad, es fácil sustituir ese análisis riguroso por la sal gorda del pelotazo .

Sin embargo, todas las partes son importantes en el convenio y cada una cumple su función: el ayuntamiento, El Corte Inglés, la propiedad del solar y el promotor. Que nadie piense que una vez deshecho el acuerdo, se va a poder recomponer fácilmente mañana, como se está haciendo creer interesadamente a los cacereños y que tengan todos presente que dilatar artificialmente la solución del asunto, como hacen irresponsablemente algunos, equivale a impedir de forma subrepticia, mezquina y encubierta, el buen fin de que el centro comercial se instale.

Pero este caso, que quiere hacerse distinto, tiene numerosos precedentes en la vida de la ciudad: de esta misma manera, a través de sus respectivos convenios, se concedieron 1.200 viviendas a los propietarios de terrenos del Rodeo, a cambio de los mismos, para que se pudiera construir el parque o 600 viviendas a los propietarios de la Ribera del Marco para obtener esas zonas verdes.

Por otra parte, el tamaño de la promoción residencial que están proponiendo, no es muy distinto de las dos promociones últimas realizadas en la misma calle (sobre el solar del antiguo hotel Extremadura y en la esquina de la calle Viena) y en ninguno de los dos casos ha reclamado nadie compensaciones económicas para el ayuntamiento, ni tampoco han posibilitado la implantación en el solar de ninguna actividad de reconocido beneficio para la ciudad, además del legítimo de los promotores. La valoración que acompaña el expediente está rigurosamente sujeta, punto por punto, a la Ley del Suelo de Extremadura y a la Orden de 24 de junio de 2004, por la que se modifican los coeficientes y valores establecidos en los anexos del Decreto 21/2001, de 5 de febrero, de Valoraciones Fiscales y al Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

La descalificación interesada del procedimiento, no ha consistido en rebatir alguna de las aplicaciones de estas normas técnicas, sino en lanzar arbitrariamente cifras totalmente alejadas de la realidad, con la intención de alarmar a la opinión pública.

Los informes técnicos a los que tanto alude el Grupo Socialista son favorables, así como los de la Junta de Extremadura, con algunas observaciones lógicas, como la advertencia del incremento de tráfico en la zona, de la que tomamos nota y exigiremos una dotación muy importante de aparcamientos públicos, pero es una observación que no aparecía en los informes de las promociones recientes realizadas en la calle, en las que se veía incrementada notablemente la edificabilidad, incluido el Centro Deportivo del Perú.

El informe de la Junta coincide en un 95% con los criterios del convenio y de la modificación del plan, introduciendo únicamente un matiz en la posible interpretación de la Lesotex a la hora de monetizar las cesiones. Entonces, ¿quién es el hipócrita que se escandaliza aludiendo a una situación injusta, a un trato preferente? ¿Dónde está el pelotazo ?

El ayuntamiento posibilita la instalación del centro comercial con los medios que tiene a su alcance, como son los de modificar el planeamiento, exactamente igual que ha hecho en el Perú para que se instale un centro deportivo, en el solar del antiguo matadero para que se instale un centro de ocio, en el Rodeo para que se realice un parque, en la Ribera del Marco para que se obtenga una zona verde o en el antiguo colegio San Antonio para que se construya un hotel y viviendas y los frailes pudieran edificar un colegio nuevo.

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres y este alcalde han medido por el mismo rasero a todos los particulares con legítimos intereses económicos en esas operaciones. Nadie se ha rasgado las vestiduras por el incremento de edificabilidad que se otorgó, vía modificación de plan general, al solar del Perú para posibilitar el centro deportivo, ni por el de añadirle uso comercial, pasando de una edificabilidad casi nula a más de 25.000 m. Porque entendemos y así lo seguiremos creyendo, que es un gran beneficio para la ciudad, además de, por supuesto, el legítimo beneficio de los promotores, en cada caso.

Otro tanto estamos haciendo en este momento con la parcela deportiva que el ayuntamiento tiene en los Fratres, en la que para posibilitar la construcción de otro centro deportivo como el anterior, se incrementa su edificabilidad de 500 m a 20.000 m y añadido el uso comercial; y se hace vía modificación de plan general, igual que la del Perú, con los votos favorables en ambos casos, tanto por parte de la oposición como del gobierno. ¿Qué diferencia hay entonces entre todas las operaciones mencionadas y la de El Corte Inglés? Pues muy sencillo: los que apoyan cualquier intervención similar sin ningún tipo de reservas, no quieren que, en este caso, el gobierno municipal y su alcalde se apunten lo que suponen como un tanto importante, de cara a las próximas elecciones, de haber hecho posible la instalación en Cáceres de El Corte Inglés, tan deseada por todos los ciudadanos y tan conveniente para el futuro de la ciudad.

Pero aseguro desde aquí que a este alcalde, como ha demostrado a lo largo de tantos años, solo le mueve el interés de la ciudad y el beneficio de todos los ciudadanos de Cáceres y ofrece el acuerdo a los grupos políticos para compartir la satisfacción del objetivo alcanzado. En otro caso, aquellos cuyos intereses están aún por demostrar tendrán que rendir cuentas de su posición, de sus manifestaciones y de sus actos ante todos los cacereños.

*Alcalde de Cáceres