El Gobierno ha decidido enviar al Congreso, tras un largo e intenso debate interno, la reforma de la obsoleta ley de reproducción asistida de 1988, para permitir el uso de decenas de miles de embriones procedentes de tratamientos de fertilización. Cuando el proyecto sea aprobado, podrá ensayarse la creación de células madre con posible aplicación terapéutica contra el Parkinson, la diabetes y el Alzheimer. El apoyo de la UE, así como la unanimidad de los órganos científicos consultados por el Ejecutivo, desde los más incómodos a los más complacientes, ha dejado sin argumentos al sector confesional del Gobierno y ha permitido que los ministros de Ciencia y de Sanidad, Josep Piqué y Ana Pastor, desencallen una normativa necesaria para que España no quede al margen en este prometedor campo, aunque sólo satisfaga en parte las aspiraciones de los investigadores.
No se podrán crear embriones para investigar, sólo se podrán utilizar los sobrantes cuyo desarrollo no sea ya viable, y los donantes tendrán la última palabra. Por una vez, la normativa no colma las aspiraciones del Episcopado, que ha expresado su disgusto, pero sí en cambio las normas éticas más estrictas definidas por la comunidad científica.
