Dos nuevos casos han vuelto a poner sobre el tapete uno de los temas más delicados que tiene ante sí la justicia española: qué hacer con los violadores que quedan en libertad después de cumplir la condena, pero salen de prisión sin haberse rehabilitado y, por tanto, con alto riesgo de reincidir. Se trata de un asunto que crea una alarma social perfectamente explicable ante la que legisladores, jueces y fiscales deberían dar una mejor respuesta.
El caso de Daniel Padial, detenido el martes en Lérida por un intento de violación, es una buena muestra de ello. Padial cometió más de una decena de violaciones cuando era menor. El pasado día 20 fue sorprendido conduciendo sin carnet un ciclomotor y condenado al día siguiente en un juicio rápido. Sin embargo, no ingresó en prisión pese a que la fiscalía lo solicitó. La causa es que sus delitos cuando era menor de edad no constituyen antecedentes penales, de acuerdo con la legislación. Pero si se hubiera hecho caso a la fiscalía, Padial no habría intentado otra violación.
El otro caso, el de Alejandro Martínez Singul, se refiere también a una reincidencia. Martínez cumplió condena de 16 años por 15 agresiones sexuales. Ahora es acusado por la justicia francesa por un caso de exhibicionismo --es delito en Francia-- y la Audiencia Nacional concedió ayer su extradición para que sea juzgado de nuevo en el país vecino. El problema de fondo sigue siendo el mismo. Son personas que han saldado su deuda con la justicia, pero que constituyen un peligro en libertad. ¿Hay que esperar a que hagan otra de las suyas para volverlos a encarcelar?
