Numerosas encuestas realizadas por ANPE en diferentes provincias españolas han puesto de manifiesto el crecimiento de la indisciplina escolar así como el de la violencia en las aulas. En nuestro país, dicha situación es reconocida por ocho de cada diez docentes en ejercicio. Cerca de 14.000 han manifestado haber sufrido las consecuencias del problema. Un día es una agresión al profesor, verbal o física, por parte de los estudiantes e incluso por los padres de estos; otros son los enfrentamientos entre los propios escolares o actos vandálicos en los centros... Situaciones frente a las cuales los profesores reclaman respaldo legal para recuperar su autoridad ante los alumnos y su estima ante la sociedad.
ANPE Cáceres va a realizar en breve un estudio sobre la realidad de la violencia en la provincia, si bien ciertos datos nos permiten sospechar el resultado. A este respecto los hechos acaecidos en el IES Luis de Morales, de Arroyo de la Luz, y en el IES Maestro Gonzalo Korreas, de Jaraíz de la Vera, son suficientemente significativos. A la convocatoria efectuada para tratar del problema en el último centro citado acudieron tanto representantes sindicales, de ANPE y de otros sindicatos, como profesores destinados en veintiocho centros de Extremadura. La cifra de asistentes revela la magnitud del problema.
XANTE ESTAx situación proponemos un cambio en la normativa que puede resumirse en el siguiente decálogo:
1) Establecer una nueva normativa de derechos y deberes de los alumnos, y, al propio tiempo, otra normativa de derechos y obligaciones de los profesores; ésta última inexistente hasta ahora.
2) Reconocimiento del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función.
3) Creación de un órgano de mediación externo integrado por miembros del consejo escolar del centro, de la Inspección Técnica Educativa y de la asesoría jurídica. Además de mediar en los conflictos este órgano defenderá los legítimos derechos del profesor.
4) El profesor debe tener capacidad de sancionar de forma inmediata sin consultar a otras partes.
5) Creación de un equipo multidisciplinar en los centros capaces de responder a las distintas situaciones conflictivas creadas.
6) Creación de la comisión de disciplina, dependiente del claustro de profesores, que asuma la sanción y corrección de las faltas más graves.
7) Asistencia jurídica para el profesor en conflictos que desborden el marco educativo.
8) Cambio de centro automático para los casos más graves de insultos, agresiones físicas, etcétera.
9) Reforzar la tutoría y la orientación en los centros educativos.
10) Disminuir las ratios, especialmente en situaciones de heterogeneidad de los grupos (inmigración, discapacidades, situaciones de familias desestructuradas) etcétera, ya que en dichos casos la actual ratio es muy elevada y ello favorece la indisciplina.
Naturalmente, sólo el cambio en la normativa no va a solucionar un problema que hunde sus raíces en la pérdida de valores de la sociedad española actual, pero seguro es que supondrá un necesario primer paso que siente las bases del cambio que el profesorado siente como imprescindible.
*Presidente Provincialde ANPE Cáceres
