TEtl tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado claramente para señalar que nuestra legislación hipotecaria se encuentra en fuera de juego. Explícitamente señala que las cláusulas contractuales que no se han negociado individualmente se consideran abusivas, siempre y en todo caso, por cuanto que van en perjuicio del consumidor al representar un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de ambas partes. Esta sentencia es importante en la medida en la que reconoce que los consumidores, en general, no podemos aceptar contratos cuyas condiciones supongan que siempre una de las partes, el consumidor, tenga que asumir las mismas sin negociación y porque sí.

Esto nos debe hacer reflexionar acerca de la infinidad de relaciones contractuales que todos los días llevamos a cabo los ciudadanos de a pie, cuando suscribimos contratos, cuyas condiciones nos vienen impuestas, y lo más que nos queda es decir sí o no y firmar. Algunos denominados esta praxis como contratos de adhesión. La desproporción de una de las partes es tal, que la otra queda absolutamente vendida. Esto es fácil de entender, pues todos somos usuarios, aunque no clientes, de compañías aéreas, de telefonía, de la luz, del gas, y un largo etc. ¿Quiénes no hemos tenido algún conflicto con este tipo de empresas de servicios?; y desde luego, entre hablar con una maquinita, y decirnos que no hemos leído la letra pequeña se produce una total indefensión, que lo único que nos queda es pagar, o nos cortan el servicio, sin más. Pero en el caso que nos ocupa, en el que está en juego el derecho a una vivienda, las consecuencias son mucho mayores, y desde luego, a nadie se le escapa que esas tasaciones llevadas a cabo por las entidades bancarias de las viviendas, realizadas por sus propias tasadoras, sobrevaloraron los precios.

XY ASI,x de un país, con un exceso de oferta de viviendas, nos encontramos, que tener una vivienda adecuada a la situación económica de cada familia constituye una verdadera odisea. Con ser muy importante esta decisión, que va a obligar a modificar la normativa hipotecaria de nuestro país. Algunos pensamos que sería interesante aprovechar este nuevo marco normativo para hacer frente a una nueva legislación, aquella que ya está en algunos países de nuestro entorno y es la que siempre protege la vivienda familiar, y más si en esa familia conviven menores.

Es evidente, y esta sentencia así lo manifiesta, que tanto la legislación hipotecaria como la concursal resultan ineficaces para hacer frente al problema de sobreendeudamiento de las familias. De hecho hay casos de personas que han avalado el negocio con su vivienda, y lo han perdido todo. Por tanto, es hora ya de dar un paso adelante; como, por ejemplo, se ha dado sin mayor problema para asentar y fortalecer a las entidades bancarias. Ahora, toca a los ciudadanos a los que hay que reforzar y resguardar de la situación acaecida en tromba de esta crisis.

Aprovechar esta reforma y poner en pie un sistema que proteja a las familias, a través de una nueva norma, que al igual que se hace con las empresas, se establecen mecanismos de quita y de ampliación de plazos para hacer frente a esas deudas. Una ley de sobreendeudamiento de las familias presente en países como Francia. Por la cual se estudia caso por caso, y se analiza la capacidad de hacer frente a ese pago por parte del deudor personal.

Tratando siempre de salvaguardar el hogar familiar. En Francia está dentro del denominado código de consumo, aquí en España se podría crear un marco propio. Porque lo que parece haber quedado claro en muchos de los casos de los desahucios es el hecho de que las condiciones firmadas, que no pactadas han sido impuestas por una de las partes, produciéndose un desequilibrio tal, que el ciudadano, en general, ha quedado vendido en esa situación.

Ponerse a trabajar en este nuevo marco normativo facilitará bajar la tensión de una sociedad que se ve sacudida por una crisis, que la deja casi a la intemperie. En un estado de derecho como el actual, las normas constituyen la mayor y mejor garantía para defender los derechos y obligaciones de todos.