Historiador

Dicen las estadísticas que el precio de la vivienda en Extremadura es bajo, el más bajo de España. Y sin embargo, cuando uno mira los anuncios de casas, chalets adosados, estudios, apartamentos y pisos que publican los periódicos se nos revuelven los ojos entre cifras millonarias. Cierto que en muchos pueblos de nuestra geografía buscarse un rincón para vivir no sube de 60.000 euros (diez millones de pesetas), incluido espacio para el coche y trastero; cierto que si a ello se le restan las ayudas oficiales --en construcciones de protección oficial-- del bolsillo sufriente no han de salir más de 40.000 euros, y en cómodos plazos de casi un par de decenas de años; cierto que si uno se acoge a la autopromoción, tan potenciada por la Junta de Extremadura, aún logra mayores ventajas, pero no en todas partes es así.

Sobre todo en las ciudades de Badajoz, Cáceres y Mérida, podemos hablar de desembolsos que triplican las cifras anteriores. Y es de esta forma por la falta de una política de suelo y promociones municipales. Lo primero, porque la especulación de los terrenos (ejemplarizada por los propios ayuntamientos que subastan sus solares entre constructoras semimonopolistas) llega a hacer que el precio del suelo repercuta por vivienda un montante similar al que en otros pueblos cuesta la construcción completa. Lo segundo, porque las inmobiliarias municipales han ido quedando como simples auxiliares de obras de infraestructuras, en lugar de construir viviendas que compitan contra los especuladores, abaratando productos. Así, con "nuestro" boyante neoliberalismo, todo se deriva a la vivienda libre y se margina la de protección oficial. ¡Viva la libertad! Y el que no tenga llenos los bolsillos... ¡que sirva de peldaño donde se encarame el que sabe gozar de los favores liberales!