La cita con las urnas representa el momento cumbre del proceso democrático, ya que proporciona al elector la posibilidad de decidir y de promover la alternancia. Por lo que, con independencia de la condición social, del lugar de residencia o de cualquier otra consideración, todos los votos han de tener el mismo valor. Cuando una ley consiente que un escaño cueste en unas provincias la décima parte de votos que en otras, o que un partido con mayor porcentaje de sufragios que otro obtenga una menor representación, estamos ante un sistema manifiestamente mejorable.

La actual ley electoral nació para dar respuestas a las necesidades de la Transición, por lo que una vez pasada ésta, necesita ser actualizada. Pero ocurre que quienes tienen la llave para hacerlo son los menos interesados en promover un modelo abierto e igualitario, en clara confrontación con el bipartidismo. A pesar de todo, el Congreso ha creado una subcomisión presidida por Alfonso Guerra , con el encargo de acometer algunas de estas reformas.

Convendría adoptar pues, una ley más equitativa, que conceda al nacionalismo el peso específico que en realidad le corresponde, lejos de ese oportunismo arbitrista conseguido al ejercer como partido bisagra, algo que está en el origen de ese obsesivo proceso secesionista fomentado desde la periferia.

El mandato constitucional establece la provincia como distrito electoral de referencia, y a cada una de ellas le concede una representación mínima de dos escaños; lo que unido al sistema DIHont provoca que la proporcionalidad se distorsione en favor de los partidos mayoritarios.

Ningún sistema electoral es perfecto, por lo que si se pretende potenciar el pluralismo y la representatividad debería apostarse, como en las europeas, por una circunscripción nacional única, o en su defecto por una a nivel autonómico, que permita que los restos de unas provincias puedan computarse conjuntamente con los de las demás, dejando así una puerta abierta a partidos terceristas, capaces de ampliar el espectro y de provocar una cierta regeneración, como sucede en Gran Bretaña, donde podría acabarse con esa acomodada forma de transitar por la política que tiene el bipartidismo. Pero si lo que se pretende es garantizar la gobernabilidad, basta con adoptar la modalidad a doble vuelta, donde el ganador no se verá condicionado por nadie. Cualquier cosa es preferible a este modelo híbrido, hecho a medida del nacionalismo.

La subcomisión parlamentaria ha comenzado por limitar el poder de los tránsfugas y ejercer un mayor control sobre el voto de los descendientes de emigrantes españoles, pero el cascabel al gato de una reforma en profundidad, se antoja harto difícil. A pesar de que nuestro futuro modelo de sociedad venga condicionado, en buena medida, por el sistema electivo que nos otorguemos.