TYta sabíamos que el Gobierno Aznar había enviado a lo largo del año 2002 al menos tres misiones policiales a la base militar norteamericana de Guantánamo para interrogar a una docena de presos islamistas. Ese dato me excusa de argumentar sobre la constancia que el Gobierno de España tenía respecto a las malas prácticas que se estaban llevando a cabo en aquella prisión. Más que malas prácticas, delitos.
Según doctrina del Tribunal Supremo, expresada en la sentencia 829/2006, se trata de una prisión ilegal donde los presos están recluidos sin cargos y sin tutela judicial. O estaban cuando se produjeron los acontecimientos reflejados en el documento "muy secreto" del Ministerio de Asuntos Exteriores que el domingo pasado desvelaba el diario El País .
Dicho documento nos viene a confirmar que el Gobierno Aznar tenía conocimiento oficial de los famosos vuelos de la CIA sobre territorio español. Se trata de un informe del entonces director general para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer , dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, a la sazón Josep Piqué , con fecha 10 de enero de 2002. Ahí se explica que un consejero de la Embajada de EEUU en Madrid le ha informado del inminente comienzo del traslado hacia Guantánamo de presos procedentes de Afganistán, así como del eventual uso de aeropuertos españoles si ello fuera necesario.
El asunto tiene varios ángulos. El principal guarda relación con la más que sospechada complicidad del Gobierno Aznar en la guerra sucia de Estados Unidos contra los presuntos terroristas islámicos detenidos en Afganistán, poco después del derrocamiento del régimen talibán de Kabul por tropas norteamericanas (Operación Libertad Duradera ). Pero eso en realidad ya estaba descontado. La novedad añadida es la prueba documental publicada en las páginas del mencionado diario madrileño.
Hay otro ángulo más perturbador. Me refiero al uso de una filtración informativa como una forma de desprestigiar al adversario político. No creo que el documento haya llegado por casualidad a la redacción de ese diario. Y mucho menos que sea el resultado de un trabajo de investigación periodística. Tampoco parece un ataque de amor a la verdad o de insobornable defensa del Estado de Derecho caiga quien caiga. Más bien parece un acto de fariseismo del actual Gobierno, que ha esperado cuatro años y medio a denunciar la connivencia de Aznar en el traslado delictivo de personas judicialmente desprotegidas.
La filtración, por tanto, ha sido interesada y oportunista. Si el móvil hubiera sido virtuoso, en nombre del respeto a los derechos humanos o la colaboración con la Justicia en la persecución de un delito, el Gobierno socialista no habría dejado pasar más de cuatro años y medio para desvelar la complicidad del Gobierno del PP con los vuelos de la vergüenza.
