XExn la Unión Europea existen más de dos millones de drogadictos, falleciendo 8.000 de ellos cada año, por causas directamente relacionadas con la droga.
Según la Agencia Antidroga, cada día son atendidas en los hospitales 10 personas por dicho consumo. Según dichas fuentes, de los 1.948 ingresos relacionados con la droga, en dicho año, un 57% de ellos se debieron directamente a sobredosis.
En la actualidad, más de mil españoles están presos en cárceles del extranjero por el consumo o tráfico ilegal de estupefacientes, es decir, el 75% de ellos lo están por las drogas.
El juego de las cifras es aburrido y parece decir poco. Podemos llenar las páginas de estadísticas sin apreciar la verdadera magnitud del problema. Acercarnos a las víctimas y a sus familiares es una mejor opción.
Las campañas de seguimiento de los enfermos son la mejor medida que, hasta ahora, nos hemos inventado, y considero un acierto insistir en esa línea de acercamiento al drogadicto, que es la que nos va a permitir asegurarnos en todo momento que no se pinche con jeringuillas usadas, que no se vea en la necesidad de delinquir para asegurarse la dosis diaria, y tal vez, con un poco de suerte, medir la dosificación y los componentes de las sustancias que se mete, evitando muertes por adulteración de la misma, y por sobredosis.
Todo ello nos lleva a la clara conclusión de que lo que puede ayudar a este colectivo es el control de las sustancias. Hoy en día, en la venta de cualquier producto dirigido al consumo, la ley exige la indicación expresa de sus componentes, y la fecha de caducidad. No entiendo entonces, que hablando de sustancias tan perjudiciales como la heroína, o la cocaína, se deje su comercio sin control, sin una regulación que dé soluciones reales a los consumidores, y se abandone el tema a merced de las mafias, que enriquecen sus arcas, a costa de las vidas de nuestros ciudadanos.
Pero el atractivo del comercio ilegal de estupefacientes es mayor si tenemos en cuenta que el traficante no se ve obligado a pagar ningún tipo de impuesto por la actividad, ni soporta limitación alguna en sus importaciones, ni aranceles aduaneros, ni ha de atenerse a regulación legal de este comercio, ni a control sanitario del producto, ni a control de calidad, ni ha de pagar los correspondientes impuestos a la Seguridad Social por las nóminas de sus trabajadores.
¿Pero cuánto cuesta en euros al Estado el problema del tráfico ilegal y sus consecuencias? Porque hay que contar con el gasto sanitario y hospitalario de las patologías derivadas del consumo, pero sin dejar atrás el presupuesto para los programas llevados a cabo, por el Ministerio de Sanidad y Consumo, con relación a este problema, así como el gasto en atender a la población que hay reclusa como consecuencia del consumo y tráfico de drogas, y eso sin tener en cuenta el aspecto policial. Analizando los datos me hago dos preguntas básicas: la primera, ¿quién se perjudica más con la ilegalización de estas drogas?, porque a mi juicio las víctimas del sistema son por un lado el drogodependiente, y por otro lado la Seguridad Social, y la segunda y última, ¿quién es el más beneficiado con este planteamiento legal?, tal vez los narcotraficantes, tal vez los paraísos fiscales, cuyas leyes permiten el blanqueo de dinero de dudosa procedencia.
Tal y como yo lo veo, a río revuelto, ganancia de pescadores , y en este caso, algo de nitidez, de legalidad, podría resultar la solución que pocos se atreven a plantear pero que salve más vidas.
*Profesora
