No era difícil el pronóstico: si la actividad económica en España vive una contracción importante desde principios de año, se ha de reflejar en las cuentas del Estado. Ayer se concretó ese efecto con los datos del primer semestre sobre recaudación y gasto público. El saldo es negativo en casi 4.700 millones de euros, el equivalente al 0,42% del PIB. Las cifra no es alarmante, pero sí indicativa: se acabó el superávit del que ha disfrutado --y exhibido políticamente-- el Gobierno desde hace tres años. A grandes rasgos, la caída del consumo ha supuesto una minoración de la recaudación del IVA, y la menor actividad de las empresas también se recoge en los pagos del impuesto de sociedades. Otro indicio de cambio de hábitos de las familias y empresas es la caída de la recaudación del impuesto sobre los carburantes. En la otra cara de la balanza, los gastos, aparece la decisión del Gobierno socialista, por mor de las promesas electorales, de devolver 400 euros de impuestos a través del IRPF. El efecto de esa decisión solo ha empezado a computarse en junio y no se verá su efecto real hasta finales de año.

Que el Estado tenga un déficit razonable en periodo de vacas flacas no es ninguna catástrofe. Es más, el endeudamiento puede jugar un positivo papel anticíclico. Pero lo preocupante en el caso español es que el frenazo económico ha producido un deterioro de las cuentas públicas que se acelera mes a mes, sin que por el momento se vea síntoma alguno de que vamos a tocar fondo. Algunas de las medidas aplicadas por el Gobierno para estimular la economía han tenido un impacto negativo en las cuentas públicas. Ahora estamos a la espera de que demuestren su eficacia.