WLw os hechos violentos ocurridos el pasado sábado en un modesto campo de fútbol de Barcelona deberían dar vergüenza y propiciar acciones contundentes de la justicia, y no solo circunscribir las sanciones al ámbito deportivo. Ese día se produjo la brutal agresión por parte de varios jugadores de un equipo de la Tercera Territorial de Barcelona --la categoría inferior de todas las que dependen de la Federación Catalana de Fútbol-- a algunos de sus rivales, una decena de los cuales, incluido el entrenador y dos seguidores, resultaron heridos. La causa de la refriega no fue un calentón como consecuencia de un incidente del juego, com ayer aventuró la abogada de uno de los detenidos por la policía, sino un ataque xenófobo por parte de los jugadores del Bada Bing sobre los del Atlético Rosario Central de Catalunya, por ser estos inmigrantes de distintas procedencias, con predominio de los países suramericanos.

El Bada Bing, equipo que se nutre, según algunas informaciones, de jugadores próximos a grupos de seguidores ultras del FC Barcelona, tiene antecedentes por conductas violentas. Sus rivales los conocían y por esta razón pidieron a la Federación Catalana de Fútbol antes de disputarse el partido que hubiera policías en el mismo para evitar posibles males. Pero en las oficinas de la federación, por razones insuficientemente explicadas si bien este organismo afirma que hubo un error al dar el aviso sobre ese partido, no se informó a la policía autonómica. El caso es que cuando se desató la violencia, los agresores pudieron actuar a sus anchas. Urge, por tanto, y con carácter inmediato abrir una detallada investigación sobre la actuación de la federación y de la policía autonómica en este suceso.

Cuatro de los jugadores del Bada Bing --que toma su nombre de un conocido bar de la serie televisiva Los Soprano, sobre el mundo de la mafia de Nueva Jersey-- han sido, cautelarmente, expulsados de por vida, y el equipo, dado de baja del campeonato. Un castigo ejemplar en lo deportivo. Pero en este caso es exigible, además, la vía de los tribunales ordinarios. El jueves, cinco días después de los hechos, hubo las primeras detenciones y ayer se tomaron las primeras declaraciones a los detenidos. No es un gran récord en el mundo de la diligencia judicial. Sobre todo si se tiene en cuenta la creciente alarma social por los hechos, que han desencadenado la protesta oficial de las embajadas de Argentina y Uruguay y que alcanzaron su punto máximo cuando se supo, el miércoles, que uno de los agresores fue condenado en firme por el asesinato de un joven en la Villa Olímpica barcelonesa en el año 2000, cuando era menor de edad. Tal antecedente no debe privar a los detenidos de un juicio justo, pero sería lamentable que la fechoría del sábado no fuera juzgada, y en su caso castigada, por los tribunales de justicia como corresponde a un delito tan grave como la agresión con agravante de comportamiento xenófobo.