Con la extinción del estado de alarma se ha puesto fin a un capítulo aciago de la historia de la aviación en España. Para dar carpetazo al tema, esperemos que definitivo, el Gobierno ha derogado la militarización del control aéreo, con lo cual volvemos a la normalidad de antes de la huelga salvaje de los controladores que mantuvo a nuestro país en vilo durante el pasado puente de la Constitución. Conviene recordar que las medidas que se tomaron en aquel momento, aun a pesar de su excepcionalidad y de la sorpresa que causaron, lograron su objetivo: mantener en funcionamiento un sector estratégico que no podía verse afectado de ninguna manera por la actitud del todo irresponsable de un pequeño colectivo que antepuso sus demandas, de manera radical, unilateral y egoísta, al interés colectivo, cifrado no solo en el derecho de los ciudadanos a desplazarse, sino también en las enormes pérdidas que generó la protesta.
A partir de ahora se inicia el tiempo de la negociación, con tranquilidad y con el propósito de enmendar viejos errores y desacuerdos. Las conversaciones entre la USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) y AENA deben acercar posiciones para plantarse el 31 de este mes con los deberes hechos. En última instancia, la intervención arbitral de una persona tan sensata como el exministro Manuel Pimentel es una garantía para que el conflicto se solucione, con el aporte de una estabilidad que el ciudadano reclama con vehemencia.
