Ni siquiera Baltasar Garzón pudo impedir que Franco muriera en la cama. Sin embargo, el asunto se puede poner en positivo: el dictador, que quiso que todo quedara atado y bien atado, no se salió con la suya. Los españoles instauraron una democracia admirada en el mundo que ha permitido dar un salto a la modernidad, organizar un sólido Estado de derecho y crecer social y económicamente. Lo que parecía una verdad universalmente establecida se está desmoronando. Han surgido desde la derecha extrema y desde una izquierda irresponsable y exquisita voces para cuestionar la transición. Los dos extremos con diferentes razones, pero con objetivos peligrosamente convergentes.
XHABRIA QUEx hacer historia: José María Aznar llegó a la política para hacer tabla rasa de la transición. Incluso trató de teorizarlo. Dinamitó el pacto de una política de consensos básicos soportada en la lucha antiterrorista y la política exterior. En ese viaje apareció por primera vez Garzón acompañado por los mismos intelectuales de la izquierda exquisita que ahora le jalean. El juez trabó un pacto de sangre con Aznar, con Pedro J. Ramírez --José Amedo incluido-- y con los periodistas del sindicato del crimen . Se trataba de sacar de la Moncloa a Felipe González pese a los fracasos en las urnas. El juez quería venganza porque sus ambiciones no habían sido satisfechas en su paso por el Gobierno socialista. Por primera vez en la historia judicial, un juez podía meter en la cárcel a sus competidores en la política. El fin supuesto --hacer justicia en la guerra sucia-- justificó el apoyo de algunos intelectuales amedrentados a ese disparate. Hay paralelismos: el fin de procesar al cadáver del dictador ha justificado que el mismo juez entendiera en asuntos para los que no tenía competencias. Si el Estado de derecho es un obstáculo, se sortea. Le apoya la misma intelectualidad que justificó sus tropelías en el caso del GAL. Naturalmente, el juez no tuvo interés en utilizar la moviola para las acciones antiterroristas ilegales de la última época del franquismo y en los gobiernos de Adolfo Suárez . Era una justicia selectiva, ad hoc al interés de meter a Felipe González en la cárcel y permitir que Aznar ocupara la Moncloa. Lo ocurrido después es de sobra conocido: ocho años de Aznar en el poder con la confrontación como tecnología política y la desaparición definitiva del pacto constitucional. Y en esto llegó José Luis Rodríguez Zapatero . La consigna fue talante e innovación. La quiebra generacional fue la condición para que el neófito presidente se sintiera seguro. La audacia, el soporte de las nuevas políticas: negociación con ETA, revisión del modelo territorial, utilización discutible del talante como tarjeta de presentación pero sacando provecho de la confrontación, y revisión de la historia para establecer una memoria oficial, lo que sus antecesores socialistas no se habían atrevido a hacer. La distancia de Zapatero con su antecesor en la dirección socialista y en el Gobierno, Felipe González, se hizo insalvable, salvo por la lealtad profunda de los viejos socialistas a su partido. Zapatero pasó el rastrillo para arrancar toda hierba que tuviera demasiadas raíces. Ahora diseña sus políticas con un puñado de independientes y con algunos periodistas e intelectuales de cabecera que organizan consejos de ministros paralelos en la pista de baloncesto de la Moncloa. La ley de memoria histórica fue una de las grandes aportaciones al éxito de la anterior legislatura. Con dos matizaciones. La primera, sencillamente, que, después de un año, no se ha desarrollado y no ha alcanzado ninguno de los objetivos que se marcó. Y, la segunda, que es una ley cuestionada desde la derecha, pero también desde la izquierda. Una memoria oficial sin consenso. ¿No suena difícil?
Y, en esto, llegó Garzón. Nada menos que con una causa general contra el franquismo: la ley de amnistía fue una cesión, como en Argentina y en Chile; la democracia estaba secuestrada cuando se aprobó la Constitución... ¿Cómo van a faltar entusiastas para ese banquete, sobre todo si no han caído en la cuenta de que esa factura habrá que pagarla? No vale la pena hacer hincapié en el dislate jurídico de Garzón. Su atropello al Estado de derecho no ha sido impedimento para recabar apoyos que se soportan en los mismos principios que en la operación del GAL. Gracias al juez providencial, la sociedad española ha tomado conciencia de lo que fue el franquismo. Ha sido fácil: el juez ha reproducido textualmente libros de historia en sus autos. Y, además, se ha ofrecido a ejercitar las responsabilidades que los padres de la Constitución no se atrevieron a asumir. No importa que la ley no ampare sus actuaciones. Porque se trata de hacer justicia aunque las garantías estén desterradas. Ahora hay barra libre con la transición. Probablemente falta un cuarto de hora para que Garzón se entere de que don Juan Carlos fue nombrado sucesor por Franco. Luego fue legitimado por la Constitución. Pero, ¿quién ha dicho que los españoles fueron libres para votarla?
