XHxay una novela de José Luis Vigil , titulada ¿y ahora qué señor fiscal? , que narra la injusticia cometida con una persona que habían metido en la cárcel, se suicidó y resultó ser inocente , en el caso del tomate transformado nos ha ocurrido tres cuartos de lo mismo, desde la Consejería de Agricultura se ha condenado no, a prisión, sino a muerte al cultivo y a la muerte sindical a organizaciones como UCE y a las personas que defendíamos el cultivo y los cultivadores, por eso tendríamos que decir ¿y ahora qué señor Quintana?
Más del 85% del tomate transformado de España se produce en Extremadura, por tanto al igual que ocurre en el sector del tabaco, el problema del tomate es un problema extremeño y es la Consejería de Agricultura de Extremadura la que a través del ministerio del ramo tendría que haber realizado las gestiones oportunas para que el sector funcionase, no dando lugar a la situación actual.
La Organización de Campesinos de Extremadura (OCM) de Frutas y Hortalizas entró en vigor en el año 1996, por entonces ya se conocía sobradamente el potencial que teníamos en Extremadura y la especialización alcanzada por los cultivadores, así como las condiciones inmejorables de clima, suelo y agua para conseguir una calidad difícil de igualar en otras zonas de la Unión Europea. Pero desde la Consejería de Agricultura, tan ocupada en controlar a los representantes del sector se olvidó de negociar un buen cupo en Extremadura, esta nefasta forma de hacer política desde la Administración permaneció, y en lugar de regular el sector del tomate, se ha estado incentivando indiscriminadamente para que se incrementara el cultivo, se invirtieran en equipamiento y en industrias transformadoras por parte de los agricultores, igualmente las empresas de servicios que se han creado en torno al cultivo del tomate se ha tenido que dimensionar en los últimos años para adaptarse a las exigencias del momento. Para ello, igual que le ha ocurrido al agricultor, se han tenido que realizar fuertes inversiones, que nos tienen hipotecados a medio y largo plazo .
Todo esto ha sido propiciado por la Administración, sobre todo la de Extremadura, por eso ahora se puede decir que los contratos los firman las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y las industrias y no quieren saber nada. Aunque fuese cierto que la Administación no fuese culpable, tendría que buscar soluciones al problema del tomate ya que la pérdida de este cultivo supondría para las Vegas del Guadiana la quiebra económica y social, dejando, como única alternativa la emigración . Pero si además el problema ha sido creado por la propia consejería y por su incompetencia ahora no puede dar la espalda .El cupo total de la UE es de 8.251.455 toneladas. Que se venían distribuyendo de la siguiente forma: Italia 4.350.000 toneladas, más de la mitad del cupo comunitario; España 1.238.606 toneladas; Grecia 1.211.241 toneladas; Portugal 1.050.000 toneladas. El resto se reparte entre los demás países de la UE. Siendo el cupo para España de 1.238.606 toneladas y sabiendo que en función del rebasamiento del cupo seríamos penalizados, desde la Consejería de Agricultura se incentiva para sobre dimensionar el sector y así en el año 2002 producimos 1.503.095 toneladas; en el año 2003, 1.650.762 toneladas; en el año 2004, 1.957.778 toneladas y en el año 2005 se producen más de 2.250.000 toneladas, como consecuencia de esto la penalización para la campaña que comienza supera el 32% de penalización quedando la ayuda comunitaria en 23,35 euros/toneladas (3,88 pesetas/kilo) por si esto fuese poco para la campaña 2007 la ayuda podría bajar hasta 2,50 pesetas/kilo aproximadamente.
Hasta el momento lo único que se ha estado haciendo desde la Administración ha sido lanzar mensajes de tranquilidad al sector, haciéndole creer que con el adelanto de la modificación de la OCM se resuelve el problema, pero todos sabemos que excepto España, los demás países están cómodos con el actual sistema y como pronto hasta el 2008/09 no se modificaría, según palabras de la propia ministra de Agricultura así sería también.
Conociendo todo esto a las acciones de protesta en defensa del sector realizados por OCE al consejero Quintana sólo se le ocurre responder, que OCE no se presentó a las últimas elecciones a Cámaras Agrarias, y por tanto no representa al sector, cuando Quintana mejor que nadie sabe que a OCE se le tuvieron retenidos los estatutos en el registro hasta que se cumplió el plazo para presentar candidaturas, a pesar de eso, a través de un acuerdo electoral con APAG-Extremadura, OCE tiene un representante en la Cámara Agraria Provincial de Badajoz y por tanto también aunque a Quintana le pese representación legal.
¿Ahora qué señor Quintana?, ¿qué hacemos con las inversiones?, ¿le llevamos las hipotecas, las cosechadoras, el resto de equipamiento y las industrias a la consejería para que ustedes se hagan cargo de pagarlos?
*Coordinador de OCE y vocalde la Cámara Agraria de Badajoz
