Curiosamente todos los medios de comunicación se han hecho eco de lo concerniente a los dos máximos responsables de la Comunidad madrileña, y mientras la opinión pública emite sus juicios de opinión y sigue los aconteceres de sendos personajes cual si de invitados a un programa de corazón se tratase la Operación Guateque queda en stand by (término muy utilizado curiosamente por quienes defienden el uso exclusivo del castellano). Lo cierto es que este caso de corrupción del Ayuntamiento de Madrid no está siendo divulgado, a pesar de la gravedad del asunto. No hay que negar la habilidad del Partido Popular para estas cosas y saben perfectamente que simulando una pelea (aunque tenga algo de verdad) no nos fijaremos en esa operación donde hay tantos funcionarios implicados. ¿Dónde queda la responsabilidad del alcalde de Madrid? ¿Por qué no se está procediendo como en otros casos? ¿Qué vara de medir utiliza este partido que ve la mota del ojo ajeno y no la viga del suyo?
XHAY UNAx serie de variables que agravan el asunto de esta operación corrupta: En primer lugar, la tardanza en la investigación ya que hace más de un año que fue descubierta la grabación de un inspector del Departamento de Medio Ambiente. En segundo lugar, un político que se precie nunca culpa a los funcionarios de una mala gestión, al igual que es el político el que acude a la inauguración y no el funcionario. Decir que no afecta a los expedientes de operaciones urbanísticas ni recalificaciones de suelo sino sólo a licencias para abrir locales es rebajar el alcance real de una investigación judicial en la gerencia de urbanismo. Lo normal en estos casos es auditar para devolver la confianza y se debe responder a cuestiones políticas, que es lo que procede en asuntos tan graves como esta operación de la que el Partido Popular pretende desviar la atención, y que por desgracia lo consigue, porque en este país interesan más las noticias con morbo que las que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos. No cabe la menor duda, que en otras comunidades y con gobernantes de otros partidos ya se habría puesto en duda los medios de supervisión necesarios en la gestión de las licencias, de modo que pudiese demostrarse que los funcionarios detenidos han podido agilizar licencias o retrasar expedientes sancionadores.
En el fraude desmontado por la Operación Guateque no han existido los controles, tampoco se revisaron a su tiempo las denuncias de los pocos ciudadanos que se atrevieron a plantar cara al chantaje. Y esto sucede porque la mayoría de las personas que montan un negocio invierten todos sus ahorros y están deseando que el mismo prospere y recuperarlos y de eso se aprovechan esos indeseables funcionarios (técnicos entre ellos) conscientes de la necesidad de dichos ciudadanos.
El caso es que de seguir la investigación durante muchos meses es obvio que saldrían a relucir otros nombres y otras caras de funcionarios e industriales. El juez que investiga el caso desde hace meses ha destacado la gravedad de los hechos que se imputan como la alarma social que normalmente provocan en la ciudadanía, al suponer la quiebra y la confianza ciudadana depositada en quienes democráticamente han de gestionar intereses públicos.
Por todo lo expuesto anteriormente y consciente de las consecuencias el Partido Popular trata de entretener a los medios y a la opinión pública con riñas de patio de colegio entre dos de sus máximos representantes en la comunidad en cuyo ayuntamiento se está cociendo un asunto de extrema gravedad cuyas consecuencias pagarán los ciudadanos madrileños.
*Responsable de Políticaspara la Igualdad del PSOE
