Volver a las urnas. Esa parece ser la única salida que queda para resolver la crisis institucional que vive la comunidad autónoma de Madrid, después de que el socialista Rafael Simancas no lograra ayer ser investido presidente. La abstención de Eduardo Tamayo --que hizo una intervención delirante-- y Teresa Sáez, los dos traidores expulsados del PSOE y refugiados ahora en el Grupo Mixto de la Cámara, impidieron que el candidato socialista fuera presidente de la comunidad. Simancas había anunciado, en cualquier caso, que no gobernaría con los votos de los dos renegados y que deseaba perder esta votación, aunque desde la presidencia habría tenido un mayor margen para dar una salida a la crisis más favorable a su partido que la inmediata repetición de elecciones, en las que se augura un fuerte castigo al PSOE.

La sesión de investidura sirvió sólo a medias para el otro objetivo de Simancas: demostrar que el PP está implicado en la trama de intereses político-inmobiliarios que han originado la vergonzosa actitud de Tamayo y Sáez. Pero un pleno no es el mejor lugar para desenmarañar un asunto tan complicado. Sobre todo cuando el ruido de acusaciones mutuas alcanza, como estos días, el máximo volumen.