WLw a decisión del diputado del PP Eduardo Zaplana de renunciar a su escaño en el Congreso para hacerse cargo de la representación de Telefónica en la UE da pie a reflexionar sobre el cruce de la actividad política con la profesional y el paso de una a otra, una situación que, no por frecuente, debe dejar de ser motivo de análisis. Porque, aunque el tránsito de Zaplana se atiene escrupulosamente a la ley y está en su derecho a dar este paso, lo cierto es que la colisión de los intereses públicos con los privados ahí está, y es imposible soslayar el hecho de que en el caso del grueso de los políticos de todos los partidos que dan el salto al mundo de los negocios, su preparación profesional pesa tanto la mayoría de las veces como las relaciones personales que labraron como gestores públicos.

En la situación de una multinacional como Telefónica, con intereses en todo el mundo, la dimensión personal de quienes coloca en puestos de especial relevancia --el de Zaplana lo es-- cobra un interés especial. Nada hay de ilegítimo en ello, pero no subrayar este hecho al sopesar el fichaje del diputado por la empresa española sería cerrar los ojos a la realidad. Acaso la ley debiera establecer periodos de carencia significativos para pasar del Parlamento a la empresa privada u otra medida cautelar que estableciera una separación taxativa entre ambos cometidos.

En el caso de Telefónica, además, la impresión de que la compañía desempeña desde su privatización el papel oficioso de lugar de acogida de políticos y ejecutivos procedentes, sobre todo, del universo del PP, acrecienta la necesidad de una normativa que fije las reglas para circular por este complejo cruce de caminos.