Cuando acaba el último plazo dado por la Junta de Extremadura para abandonar voluntariamente las viviendas sociales de Gabriel y Galán sobre las que pesa una orden judicial de desahucio, una quincena de ocupantes ilegales avisaron ayer de que tendrá que echarles porque no piensan salirse si antes no se les proporciona un sitio donde ir.
Las mujeres se reunieron con sus niños de corta edad en la iglesia del barrio para lanzar el aviso: "No nos negamos a dejar los pisos siempre que nos recojan en algún lado y al primer desahucio nos tendremos que venir a la iglesia y eso es una vergüenza para el ayuntamiento habiendo pisos vacíos ahí".
Pero el ayuntamiento, por boca del concejal de Servicios Sociales, Victoriano Durán, dijo ayer no poder hacer nada por estas familias, aún en el caso de que puedan probar el estado de necesidad que dicen tener. "Lo único que puedo hacer es pagar de mi bolsillo a cinco familias la renta durante dos meses", pero añadió: "Nadie me alquila cuando saben que es para gente de Gabriel y Galán". Durán desveló haberse reunido con estas familias el sábado y criticó al presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, Javier Corominas, por negarse a escuchar sus casos concretos.
