El concurso público del Gobierno de Extremadura para adjudicar a un único proveedor los centros de atención a la dependencia del Sepad dejará a 50 empresas de la ciudad sin poder dar un servicio que llevaban años realizando y que les permitía ampliar los puestos de trabajo de sus empresas.

Los propios afectados, alarmados por las consecuencias de este concurso, se han reunido ya con la directora general del Sepad, pero la alternativa que les planteó no la consideran viable: "Nos propuso intentar aplazar algo el concurso para que pudiéramos unirnos en una Unión Temporal de Empresas y optar a la licitación, pero para nosotros eso es inviable porque tendría que englobar a muchas empresas, de diferentes productos y, si una fallara, se llevaría a las otras por delante", explicaba un empresario local afectado.

Ante esto, la concejala de UPEx, Victoria Domínguez, pidió ayer públicamente al presidente de la Junta, José Antonio Monago, "que suspenda el concurso; lo paralice y retome la situación anterior porque esto es un ahogamiento de los empresarios por parte de la administración y no se entiende que algo que funciona bien se quite".

Finalmente, Victoria Domínguez considera, al igual que los proveedores, que ninguna empresa extremeña tiene la capacidad económica suficiente para afrontar el presupuesto y las condiciones del concurso del Sepad.