Un total de 48 familias, residentes de viviendas sociales, firmaron ayer un recurso colectivo en el que piden a la Junta de Extremadura la paralización del cobro de los alquileres por la imposibilidad de pagar. Otras 7 familias, que ocupan una vivienda ilegalmente, afirman haber recibido cartas de desahucio y demandan a su vez que se frenen porque, de lo contrario, "nos vamos a la calle".
El Campamento Dignidad de Plasencia mostró su respaldo a estas familias y les facilitó ayer el trámite del recurso colectivo --otro se hizo individualmente-- en el edificio múltiple de la Junta. El 90% son familias que viven en situación legal, pero que acumulan deudas y aseguran que seguirán haciéndolo porque por su situación económica no pueden pagar. Por eso, se acojen a la normativa aprobada por la Junta para pedir la exención del 100% del pago de los alquileres.
TESTIMONIOS Es el caso de Milagros Prieto, de 56 años, separada y con dos hijos de 30 (con una minusvalía del 35%) y 17 años y todos en el paro, que debe ya 8.000 euros de alquiler. Cobra la ayuda de 426 euros "y con ese dinero no puedo pagar porque me quedo sin nada. Me han bajado hasta los 46 euros el alquiler, pero ni eso puedo pagar y la ayuda ya se me va a acabar y me quedo sin nada".
Otra mujer de 38 años (prefiere no dar su nombre), casada y con dos hijos y 550 euros de ingresos mensuales por el paro de ella debe tres recibos de 120 euros cada uno y "no puedo pagar. Por eso he pedido que me rebajen la cuota porque no tenemos trabajo y si nos echan nos quedamos en la calle".
La otra demanda presentada ayer es la de 7 familias de La Esperanza y Gabriel y Galán, que ocupan pisos ilegalmente y a las que ya les han llegado cartas de aviso de desahucio. "Yo tengo una orden de desalojo para el 30 de septiembre. Tengo 3 hijos pequeños y no tenemos otro sitio a donde ir. Llevo cinco años en lista de espera para que me den una vivenda", cuenta una joven de 26 años. Otra joven con dos hijos asegura: "Yo entregaría las llaves, pero la Junta no me asegura que en menos de un año tendría una vivienda y no me puedo ir a vivir debajo de un puente. Nos están amenazando con quitarnos a nuestros hijos y a eso no hay derecho".
Manuel Rodríguez, del Campamento Dignidad, manifestó ayer el respaldo del colectivo a estas peticiones y dijo haber solicitado también una entrevista con Juan parejo, como responsable de Asuntos Sociales. "Nos acojemos a la propia normativa que se ha aprobado en la Asamblea de Extremadura".
