El ayuntamiento no tiene ya ni un euro para personal eventual y ha tenido que despedir a 70 trabajadores con lo que se han reducido los servicios municipales. Hasta el punto, según la concejala de Personal, Carmen Blázquez, de que "ya no podemos limpiar los colegios o la plaza de abastos todos los días" entre otras consecuencias para el conjunto de los placentinos además del drama para 70 familias.

La razón es que con la partida de eventuales a cero, el gobierno del PSOE confió en trasvasar 200.000 euros de otras en la modificación presupuestaria que llevó al pleno ordinario de septiembre, pero la oposición utilizó su mayoría aritmética para dejarla sobre la mesa. Lo hizo con el argumento de que un gobierno en minoría no puede utilizar la política de hechos consumados y con el ofrecimiento de consensuar la modificación para llevarla al próximo pleno.

RIFIRRAFE Pero sigue sin haber acuerdo y, según la concejala de Personal, los departamentos de Obras y Deportes son las más perjudicados por la merma de servicios. "No podemos abrir los pabellones deportivos, no podemos ofrecer actividades como la gimnasia a las asociaciones de vecinos, hemos tenido que pasar al turno de tarde al conserje de la casa de asociaciones para no tener que cerrar mientras las mañanas nos las cubre Protección Civil o hemos tenido que reducir el horario de Los Pinos".

Son algunos de los ejemplos enumerados por Carmen Blázquez, que destacó además que algunos de los despedidos no podrán cobrar el paro porque no llevaban ni un año trabajando. Lo que no aclaró es si se presupuestó una cantidad insuficiente o se ha contratado por encima de las posibilidades.

"Se hace una previsión --dijo-- y luego se hacen modificaciones para acabar el año". A lo que se agarra la oposición para advertir de que el problema no lo han generado ellos al vetar la modificación, sino el gobierno por falta de previsión y de talante negociador. Así sus condiciones para "no dar un cheque en blanco" --según Anselmo Díaz Cabello-- son que los 200.000 euros para personal no se detraigan de la ayuda a domicilio, aunque el gobierno asegura que nadie se queda sin este servicio; del inicio de la revisión del PGOU o de fondos para nuevas urbanizaciones. Pero también que haya más transparencia en estos contratos y "menos carnets del PSOE, amigos y familiares".