A lo largo del 2017, se detectaron unos 80 puntos de vertidos de residuos de construcción en la ciudad. Actualmente, son 42 los localizados y, en todos los casos, el ayuntamiento ha abierto expedientes encaminados a sancionar a los autores. De momento, son 5 las personas y empresas a las que la policía local ha identificado como autoras y el objetivo final es sancionarlas.

Según la ley de residuos, las multas más leves serían de 900 euros y las más graves ascenderían hasta 1.750.000.

El concejal de Medio Ambiente, Luis Miguel Pérez Escanilla, dio ayer estos datos para subrayar que el ayuntamiento trabaja con el fin de acabar con esta práctica. De hecho, apuntó que el dron se adquirió como apoyo a esta tarea y recordó que, en el 2016, planteó la necesidad de un protocolo de actuación que se aprobó. Este comienza con un sistema de vigilancia para detectar los vertidos, que continúa con el aviso a la policía, la apertura de expediente con propuesta de sanción y la retirada de los vertidos.

La mayoría son de escombros, madera, muebles y electrodomésticos y el edil recordó que la ciudad está preparada para recoger todo este tipo de residuos y que existe además una planta de reciclaje en la que «su tratamiento es relativamente barato».