Ferraz decidirá previsiblemente la próxima semana la disolución de la segunda agrupación socialista más antigua de Extremadura, que data de 1976. Es un hecho histórico en la región, puesto que ninguna agrupación ha sido disuelta antes, y EL PERIODICO quiere acercar a sus lectores las claves y detonantes de esta decisión política.

En agosto del 2010, se hacía pública la investigación judicial a ediles del equipo de gobierno de Elia Blanco por presuntas adjudicaciones irregulares de obras. Comenzaba así un proceso que culminó con la imputación de la propia Elia Blanco y los entonces concejales Francisco Barbancho, Blas Raimundo y Enrique Tornero, además del exconcejal Pablo Sánchez Del Mazo, sumados al constructor José Antonio Romero y a la concejala regionalista Mónica García.

El juicio penal está pendiente de fecha, pero el juez impuso fianzas muy elevadas a algunos de los imputados.

Todos, salvo García y Romero, se declararon insolventes, por lo que la policía inició una investigación de sus cuentas que se saldó, en diciembre, con la apertura de diligencias previas de un nuevo proceso, con Blanco, Barbancho, Raimundo, Tornero y Del Mazo de nuevo imputados, esta vez por un presunto delito de alzamiento de bienes al detectarse movimientos y cancelaciones irregulares en sus cuentas.

Hasta ese momento, el PSOE no actuó contra los imputados. De hecho, Blanco volvió a ser la candidata a la alcaldía en 2011. En diciembre, dimitió como secretaria general tras el auto de apertura de juicio oral.

Tras las nuevas imputaciones, el comité presidido por Rosa Delgado y elegido en julio tras el paso de una gestora que presidió Puerto Martín --secretaria de organización en el anterior comité presidido por Blanco-- pide la suspensión de militancia a la ejecutiva provincial hasta que se resuelva el proceso.

Además, investiga a la diputada regional y jefa de gabinete de la exalcaldesa, Mireya Conejero; al concejal Ramón Pedro Rubio y a Puerto Martín al detectar un uso injustificado de más de 40.000 euros de las cuentas del partido y del grupo municipal. El comité termina abriendo un expediente a Conejero y solicita su expulsión e informa a la provincial y a Ferraz de extracciones de dinero sin justificar por parte de Rubio y Martín. Señala también que parte de ese dinero fue a parar a abogados y cuentas de algunos imputados.

Tras salir a la luz pública esta última información, la ejecutiva provincial decide proponer la disolución de la agrupación, que argumenta en sus problemas internos y en los antecedentes mencionados. La ejecutiva regional ratificó esta propuesta el viernes, aunque basándola en la falta de normalidad en el funcionamiento de la agrupación, y ahora Ferraz decide.