El aumento de las deudas de algunas comunidades de propietarios de Plasencia, que incluyen en sus urbanizaciones calles privadas de uso público, han llevado a muchos residentes a temer por la promesa electoral que realizó el equipo de gobierno de asumir este tipo de vías, que les supone un alto coste anual a más de 500 familias que se ven afectadas por esta singular figura urbanística. Así, en el PIR Los Monjes, zonas del cotillo de San Antón, la avenida de Extremadura... los residentes tienen que costear, por ejemplo, el alumbrado público y el mantenimiento del alcantarillado, a pesar de pagar tasas municipales como el resto de ciudadanos, porque así lo firmaron el día que adquirieron su vivienda de manos de la constructora de turno.

Si bien el presidente del PIR Los Monjes, Miguel Angel de la Calle, explicó a este diario que "en ningún momento" el Ayuntamiento de Plasencia les había requerido ir abonando la deuda de más de 40.000 euros que les reclama actualmente la UTE de servicios de agua de Plasencia, por el riego de los jardines; residentes de la urbanización Jardines del Jerte I y II sí aseguraron que durante el transcurso de una reunión informativa (la semana pasada) se les había informado de que aun tenían una deuda de 18.000 euros (la original era de 30.000 euros) en concepto de agua y que el consistorio asumiría estas calles "solo si están libres de deudas y en perfecto estado".

Sea como fuere, el alcalde, Fernando Pizarro, aclaró ayer que su compromiso electoral para la eliminación de esta figura urbanística "sigue vigente" y negó que su equipo de gobierno haya tomado decisión alguna sobre "no asumir las calles que presenten deudas" y subrayó que "nunca se ha hablado ni de asumir esas deudas, ni de no asumirlas". Pizarro --en referencia a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), necesaria para eliminar ese tipo de vías-- también reconoció que se ha producido "cierto retraso" en los trámites administrativos necesarios (que pueden tardar en desarrollarse más de un año) fruto del cambio de gobierno, tanto en la Administración regional como en la local. Esta eliminación se podría incluir en la revisión y elaboración del nuevo Plan General Municipal (PGM), que el gobierno local proyecta que sea aprobado a mitad de la presente legislatura.

Mientras tanto, en un contexto de crisis económica, aumentan las quejas entre los residentes que tienen que costear el mantenimiento de esas calles y abonar la creciente deuda, en urbanizaciones que albergan pisos, en su mayoría de VPO. De hecho, hay residentes de Los Monjes que se van a negar a abonar la deuda a la UTE del agua.