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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 2 DE CÁCERES

Anulada la ejecución del derribo de una vivienda en Santa Bárbara

Impone el pago de costas al ayuntamiento, que puede recurrir. El juzgado señala que el expediente, iniciado en el 2008, ya ha caducado

 

Una imagen de viviendas levantadas en Santa Bárbara. - TONI GUDIEL

Los tribunales siguen resolviendo litigios por viviendas construidas en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia. La última sentencia, fechada el pasado 17 de junio y dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres, permitirá que unas construcciones levantadas en la Calleja Marta sigan en pie al haber anulado la orden de demolición dictada por el ayuntamiento en marzo del 2009 y notificada en abril y la orden de ejecución subsidiaria de demolición, es decir, a costa del propietario, dictada por el mismo ayuntamiento en septiembre del 2018.

El motivo de que los propietarios, representados por el despacho de abogados Vélez Dorado, puedan seguir manteniendo lo edificado en la sierra, es la caducidad del expediente de disciplina urbanística, que se abrió en septiembre del 2008, es decir, hace casi once años, para el restablecimiento de la legalidad urbanística por presuntas obras de ampliación en una vivienda de 100 metros cuadrados. Seis meses después, el ayuntamiento dictó una orden de demolición y los vecinos la recurrieron, alegando que la vivienda llevaba más de veinte años en pie y solo habían arreglado el tejado. El consistorio desestimó el recurso presentando informes técnicos que señalaban que había una construcción anterior al año 2000 y ampliaciones a partir del 2018. Aún así, no hubo más trámites por parte del ayuntamiento y las edificaciones siguieron en pie.

No fue hasta marzo del 2018 cuando de nuevo el ayuntamiento dictó un decreto de orden de ejecución de la demolición, contra el que también alegaron los propietarios. En septiembre, el consistorio desestimó de nuevo las alegaciones. En su respuesta, los técnicos indicaron que el nuevo plan general del 2015 situaba las edificaciones en suelo no urbanizable común y con posibilidad de legalización, lo que el plan anterior no permitía, al calificar el suelo de mayor protección urbanística. No obstante, los informes explicaban que las edificaciones excedían los metros permitidos para legalizarlas. Además, señalaban que, según el Tribunal Supremo, el plazo de caducidad del expediente era de 15 años.

por 35.274 euros / Así, la orden de ejecución subsidiaria de demolición fijaba las cantidades a pagar por los propietarios para el derribo de las edificaciones levantadas en la finca en un total de 35.274,26 euros. Además, advertía de que, de no demoler, impondría multas coercitivas por el 10% del valor total de lo construido, que fija en 196.322,33 euros, con lo que las multas serían de 19.632,233 euros.

Ante esto, los afectados decidieron recurrir a los tribunales, que ahora les han dado la razón.

Así, en la sentencia, el magistrado-juez del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres señala, en base a sentencias de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Baleares que el plazo máximo de caducidad del expediente es de «tres meses» y por tanto, el 24 de marzo del 2009, «último día para resolver y notificar, el expediente estaba caducado».

El tribunal impone el pago de las costas al ayuntamiento, que puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, señaló ayer que «se está estudiando», aunque «lo más probable es que no haya motivo para el recurso».

Por su parte, el despacho de abogados Vélez Dorado ha mostrado su satisfacción por la sentencia , la primera que anula una orden de ejecución de una demolición, que se suma a otras que ya anularon órdenes de derribo. «Cabe esperar para ver qué dice la justicia sobre el resto de ejecuciones subsidiarias recurridas al contencioso», afirma.

 
 
8 Comentarios
08

Por perugelmo 16:34 - 27.06.2019

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una vergúenza.EL Juzgado condena a la anterior alcaldesa y ahora deniegan el derribo por prescripción del expediente.¿ me quieren decir a que juega la justicia?.¿en manos de quien estamos?¿para cuando una justicia democrática? Y con el actual alcalde que hacemos?.Como dicen en mi pueblo"pa mear y no echar gota".

07

Por por mi amigo 14:02 - 27.06.2019

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Esto se venia venir.Ojala caiga todo el peso de la ley como huicieron con Elia a su sucesor.Con su primero denuncia a Elia y despues por su inoperancia, tenemos que pagar los ciudadanos. 5 LIBERADOS PARA QUE.CACERES CON EL DOBLE DE HABIRANTES, CON UN ALCALDE SOCIALISTA TIENE SOLO 5, DE 13 QUE PODRIA TENER. bADAJOZ TIENE LIBERADO A TODOS LOS CONCEJALES DEL TRIPARTITO.PP CIUDADANOS Y VOX. PIZARRO VETE YA POR MUCHOS VOTOS QUE TENGAS.

06

Por El Canton 13:15 - 27.06.2019

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Esta es la consecuencia de la dejadez municipal por no decir presunta prevaricacion continuada del Alcalde de Plasencia en la ejecucion de los expedientes que dejo firmados para su ejecucion la anteir Alcaldesa. No puede ser que hayan estado guardados en cajones municipales durmiendo el sueño de los justos. Por que el Alcalde de Plasencia no los ejecuto? no obstante como estga denunciado y en instruccion judicial e investigado el alcalde de Plasencia por este motivo , mantendremos silencio mientras dura esta instruccion que coresponde ahora a los tribunales. Los politicoas estan acostumbrados a hacer lo que les da la gana cuando estan sentado enel sillon municipal. El Alcalde juro cumplir y hacer cumplir la ley. Por qué no lo ha hecho?

05

Por FECA 12:57 - 27.06.2019

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Alguien o algunos, en el Ayuntamiento de Plasencia es un presunto prevaricador? por no cumplir con los plazos reglamentarios para defender los intereses de la ciudad, para lo cual fuero elegidos y no solo para cobrar y mandar.

04

Por Agripa 11:41 - 27.06.2019

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Hay que tener muy poca verguenza para condenar a Blanco y dejar que prescriba la orden de derribo o intentar regularizar la zona. Pero jueces y politicos carecen de ese concepto y hacen y desacen sin control alguno. Menuda porqueria.

03

Por LUGANI 11:26 - 27.06.2019

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Fué el mismo juzgado nº2 quien dictó sentencia mandando a la cárcel a la alcaldesa de Plasencia y arruinó su vida desde entonces. Como escribió Dante: "lasciate ogno speranza voy che emtrate" debía ser la leyenda en un monolito a instalar en la rotonda que ahora el actual alcalde manda construir junto al histórico acueducto...

02

Por aaruaf13 10:29 - 27.06.2019

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LOS POLITICOS Y ALGUNOS FUNCIONARIO SON UN MAL NECESARIO, PERO UN MAL. LOS 470.000 POLITICOS COBRARAN SUS SUELDAZO A FINAL DE MES, ESTE MES MAS EXTRAORDINARIA, LUEGO DICE QUE NO HAY DINERO PARA LAS PENSIONES. FINALMENTE, EL ALEGAL DE SANTA BARBARA, RECIBA MI ENHORABUENA.

01

Por Mas pueblo menos ciudad 10:19 - 27.06.2019

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Es una vergüenza lo que pasa en este pueblo. Los expedientes de casas irregulares se dejan caducar. El Alcalde que esta siendo investigado en el juzgado no asume ninguna responsabilidad. Ahora nos condenan a pagar a todos los placentinos y placentinas. Y el resto de los expedientes Iran por el mismo camino. Alguien debe dar explicaciones a la fiscalia. Basta ya de que los que cumplimos la ley encima nos toque pagar a los que no han hechizo bien.