La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra la exalcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, y cuatro ediles y exediles socialistas por un delito de insolvencia punible.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la magistrada hace constar el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones respecto del actual edil Francisco Barbancho, y los exediles Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo, al no constituir delito alguno los hechos que se les imputaban.
De igual forma, la titular del Juzgado número 2 declara expresamente que la formación de esta causa no perjudica a la reputación de los mismos.
Asimismo, y en relación a la exalcaldesa y actual edil, Elia María Blanco, la jueza ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, al no resultar debidamente acreditada la perpetración del delito objeto de las diligencias previas que se le imputaban.
Esta resolución no impide, en caso de descubrimiento de nuevas pruebas, la reapertura del proceso.
El auto de sobreseimiento provisional permite también al acusado proceder contra el acusador, por acusación o denuncia falsa, pues el sobreseído provisionalmente ha de ser tenido como inocente a todos los efectos, incluido, el ejercicio de sus derechos.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia abrió diligencias previas por un delito de insolvencia punible -alzamiento de bienes- deducido de la causa principal que abrió el Juzgado número 4 de Plasencia por un delito de prevaricación y en la que están imputados seis representantes políticos y un constructor local.
La apertura de diligencias se produjo a raíz del análisis y estudio patrimonial de los investigados remitido el 23 de noviembre de 2012 por la Unidad de Delincuencia Especializada de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Cáceres.
Según dicha investigación, cinco de los imputados podrían haber realizado actividades presuntamente irregulares para reducir significativamente sus bienes al objeto de evitar los embargos decretados para hacer frente a las posibles futuras indemnizaciones, en el caso de que fueran declarados culpables en juicio.
Tras la toma de declaración a los cinco imputados -la ex alcaldesa Elia María Blanco, el edil Francisco Barbancho, y los exediles Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo- cuyos representantes legales pidieron el archivo de la causa, el Ministerio Fiscal hizo lo propio al no quedar debidamente acreditados los hechos como constitutivos de delito.
La Fiscalía consideró que si bien la Policía Nacional ha realizado un "exhaustivo y riguroso" estudio de los movimientos patrimoniales, acreditando una serie de movimientos en el patrimonio de los cinco imputados, "no ha quedado acreditado que su finalidad fuera otra que atender las necesidades propias del desarrollo de su vida diaria o el cumplimiento de deberes de apoyo familiar".
Por ello, según señaló la Fiscalía en el escrito remitido al Juzgado, no puede concluirse que la finalidad de estos fuera impedir el embargo decretado en el marco de la causa principal.
