Desconocidos lanzaron la madrugada del martes un artefacto incendiario casero contra una vivienda de la avenida Dolores Ibarruri sin que provocara daños personales y apenas materiales, en medio de la crispación social que existe en el barrio a consecuencia de las ocupaciones ilegales de las viviendas sociales de la Junta y ahora también de los bajos, que se construyeron para locales comerciales y nunca han llegado a utilizarse.

El ataque se produjo pasada la medianoche en el número 45 de Dolores Ibarruri, que está situado prácticamente enfrente del edificio múltiple de la Junta, donde arrojaron "una especie de cóctel molotov consistente en una botella de cristal llena de gasolina con mecha incendiaria en la boca", según consta en el parte de la policía local.

Impactó junto a la fachada de un vecino de etnia gitana que ya había apagado las llamas cuando llegó la policía y el único resto que quedaba ayer era un ligero olor a humo y una leve mancha en la pared. Nadie presentó denuncia por estos hechos, pero las policías local y nacional levantaron parte porque ambas intervinieron sin que ayer conocieran a los autores ni los motivos.

INVESTIGAN A LOS OKUPAS Sin embargo, la asociación de vecinos de Gabriel y Galán no dudó en atribuirlo ayer al conflicto latente en esta populosa barriada después de que el jueves pasado, la policía local retiró dos escopetas a dos supuestos menores previa llamada telefónica de un vecino que los había sorprendido tirando balines al aire hacia las nueve de la noche.

Ni este incidente ni el del artefacto incendiario han aparecido en los partes que hace públicos la policía local mientras la concejala de Seguridad Ciudadana, Josefa Pérez Camisón, aseguró ayer que se está investigando si estos hechos están relacionados con la ocupación ilegal de viviendas o con rencillas de otra naturaleza. Por su parte, un portavoz de la asociación vecinal denunció que "aquí la gente tiene miedo y en la asociación quedamos cuatro gatos".

Mientras tanto, la concejala de Barrios, Carmen Blázquez, volvió a pedir ayer al director general de la Vivienda de la Junta medidas para poner fin a esta situación de crispación y las declaraciones públicas donde advertía de que no "es cuestión de racismo, sino de legalidad" han alentado a una asociación vecinal que se confiesa cansada de tener paciencia porque la Junta siempre atribuye la lentitud en los desahucios a los trámites judiciales. El último caso de ocupación ilegal lo han protagonizado miembros de la iglesia evangélica en un local de la Junta donde están realizando sus cultos.