La respuesta de la iglesia evangélica que profesa la población gitana ha sido pedir al ayuntamiento la cesión de un local municipal donde trasladarse para realizar sus cultos y, de paso, las bodas que están celebrando en la presa "porque no nos dejan en los restaurantes y ya no nos quedan los Cachones desde su reforma". Así se lo transmitió la asociación gitana al alcalde por boca de su presidente, Juan Vázquez, en presencia de la concejal de Bienestar Social, Raquel Puertas, que anunció la implantación de un servicio jurídico pionero en el ayuntamiento placentino para que el colectivo gitano pueda denunciar los casos de racismo.
"Lo del local está en estudio aunque no lo veo factible porque trasladarles fuera es marginarles más y hay quien se opone a que el ayuntamiento les ceda un local --explicó la concejal-- pero lo que ya hemos hecho ha sido ofrecerles un abogado para que denuncien si se sienten discriminados". ¿Puede haber discriminación positiva en el conflicto de los ruidos? "Se escapa de las competencias de Bienestar Social y del propio ayuntamiento y si los vecinos quieren denunciarlo, que lo denuncien porque aquí existe un vacío legal desde el momento en que se trata de un lugar de culto".
