La sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha dado la razón al alcalde de Plasencia por su papel ante la ausencia de derribos de viviendas ilegales en la sierra de Santa Bárbara. El tribunal ha desestimado el recurso de la denunciante y ha ratificado el archivo de las actuaciones que ya decretó el juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia tras las diligencias previas. El alcalde ha señalado que esta decisión es “un regalo” y se hace “justicia”.

Fernando Pizarro fue investigado por un presunto delito de prevaricación tras la denuncia de una placentina, familiar del ahora exconcejal de Ciudadanos en el ayuntamiento, Juan Carlos Hernández, que previamente fue secretario de Victoria Domínguez, exedil de Urbanismo y exdiputada en la asamblea regional por Ciudadanos. A todos ha nombrado a la hora de valorar la decisión de la Audiencia Provincial de Cáceres al señalar que está estudiando denunciar por “denuncia falsa y manipulación” tanto a su denunciante como al “testaferro que lo permite y es parte del grupo”, en alusión a Domínguez, en definitiva, a todos los que promovieron una denuncia que “tenía como objetivo, no la defensa de los derechos de los propietarios de la sierra, sino que mi persona estuviera en entredicho.

Por eso, ha insistido en que fue una denuncia “personal y política de Victoria Domínguez y sus secuaces” y ha destacado que el auto “ratifica que no hay ningún delito cometido ni por mi parte ni por parte del ayuntamiento porque no hay voluntad de retrasar nada”.

En concreto, el tribunal apunta que “no cabe identificar cualquier irregularidad, retraso o vicisitud en el desarrollo de la tramitación administrativa con la existencia del delito” de prevaricación. Sí considera constatado retrasos en expedientes, pero señala que su totalidad “han sido de una u otra forma activados e impulsados por parte del investigado, no se ha permanecido ajeno o indiferente a la existencia de dichos expedientes”. Así, expone que “no resulta posible trasladar tales demoras al ámbito de la responsabilidad del regidor municipal ni sostener que ha habido una voluntad torticera a eludir los procedimientos legales u obstaculizar de cualquier forma el normal desarrollo de estos, buscando conseguir otros propósitos”.

También apunta la Audiencia que el procedimiento por el que se condenó a la exalcaldesa Elia Blanco a cuatro años y tres meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa por su actuación con las viviendas de Santa Bárbara y el iniciado contra el alcalde “son independientes”.