El gobierno municipal ha acordado en los últimos meses del 2015 realizar requerimientos a dos empresas adjudicatarias de servicios municipales, la UTE del agua y la que gestiona el matadero. A la primera le ha dado un plazo para que realice obras proyectadas ya en el 2007, pero que no habían sido aprobadas por el ayuntamiento hasta ahora y, en cuanto a la segunda, ha iniciado el trámite para incautar un aval bancario por valor de 150.253,03 euros para hacer frente a sus deudas con el propio ayuntamiento y la Seguridad Social.

En cuanto a la UTE del agua, la junta de gobierno del 25 de noviembre aprobó el proyecto presentado por la empresa en relación a una decena de obras y además, le ha "ordenado" que ejecute las obras en unos plazos que oscilan entre los 2 y los 17 meses. Entre estas obras, destacan la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento no ejecutadas en el recinto intramuros y para estas le concede el ayuntamiento el plazo máximo de 17 meses.

El mismo plazo le da para realizar obras de mejora del abastecimiento extramuros. A esto se unen actuaciones en depósitos y tanto en la Estación Depuradora de Aguas Residuales como en la Estación de Tratamiento de Agua Potable. Además, advierte la junta de gobierno de que, en caso de que las obras no se ejecuten en los plazos indicados, "se procederá de forma inmediata, y sin necesidad de nuevo requerimiento, a la ejecución de cada una de ellas por el ayuntamiento, reteniendo las cantidades correspondientes a la ejecución subsidiaria del precio de que debe recibir el concesionario como pago por los servicios objeto de la concesión, y ello sin perjuicio que pueda acordarse, en su caso, la incautación de garantía, la imposición de las sanciones previstas en el pliego, o a la exigencia de daños y perjuicios que se hayan arrogado al ayuntamiento".

Precisamente, el consistorio acaba de iniciar el trámite para incautar un aval de 150.253,03 euros a otra adjudicataria, la del matadero, para responder por los 66.091,36 euros que debe en concepto de canon y los 46.889,03 que adeuda por seguros sociales de la plantilla y que no ha pagado al ayuntamiento, pese a su requerimiento.