Más de 120 expedientes de disciplina urbanística mantiene abiertos y en tramitación actualmente el ayuntamiento. En algún momento han llegado hasta los 160 y la mayoría se deben a construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara. «Somos la ciudad extremeña con mayor número de expedientes abiertos, no siendo la que más construcciones ilegales tiene, como hemos visto recientemente en una tesis doctoral», subraya el alcalde.
Fernando Pizarro ha explicado que los expedientes se encuentran en distintas fases y algunos se han reabierto porque habían caducado. Además, dado su volumen, el ayuntamiento ha reforzado la oficina de Urbanismo para poder hacer frente a todos.
El alcalde matiza que, en el dato de los expedientes no están incluidos los de la zona de la Vinosilla porque existe un proceso de regularización abierto, que afecta a unas treinta construcciones y que «tutela la Fiscalía».
Precisamente, dado que muchos de estos casos han llegado a los tribunales y que el ayuntamiento ha decretado las primeras multas coercitivas, recurridas por los dueños de viviendas de la sierra, estos se unieron para, con ayuda del arquitecto Juan Antonio Álvarez, presentar una propuesta de modificación del Plan general Municipal para poder regularizar sus casas.
Ante esta propuesta, la Junta de Extremadura emitió un informe ambiental positivo, en el que marcaba una serie de condicionantes para aprobar una futura modificación. Pero el ayuntamiento ha denegado durante el verano la propuesta vecinal de modificación puntual en base a los informes del arquitecto técnico municipal y del técnico de Administración General.
Así, el arquitecto señala que «la potestad de aprobar instrumentos de planeamiento no debe responder a fines particulares ni a tendencias legalizadoras que excedan de las previsiones legales». Además, subraya en su informe que «lo que plantea es habilitar la reclasificación a suelo urbanizable de todo el conjunto de la sierra de Santa Bárbara, desde la ronda sur hasta la cumbre», por lo que, si se aprobara, «el ayuntamiento carecería de base normativa para denegar la aprobación de cualquier modificación puntual reclasificatoria». Aún más, opina el técnico que «no parece que el interés que anima esta modificación sea el de solucionar el problema de las ilegalidades cometidas en el pasado, agravado por las últimas sentencias judiciales, sino más bien un interés especulativo centrado en la expectativa de transformación urbanizadora de la sierra».
medidas correctoras / Por su parte, el técnico de Administración General recuerda en su informe que la Junta dio el visto bueno a la modificación «siempre que se ejecute con las medidas que se establezcan como necesarias en este informe» y concluye que la modificación presentada «no recoge las directrices y determinaciones indicadas en el informe ambiental estratégico» emitido por la Junta, por lo que «deberían ser incluidas en la normativa de la modificación puntual como medidas necesarias para la integración ambiental».
