El ayuntamiento tendrá que pagar una suma millonaria por la expropiación forzosa de las huertas de la Isla al haber dado por roto los propietarios el acuerdo al que llegaron con la alcaldesa hace ya nueve meses.

Elia Blanco anunció entonces el fin de un conflicto que ha ido pasando por las corporaciones municipales desde 1984 e incluso mostró su intención de llevar el acuerdo al pleno de septiembre, pero al final, los propietarios han decidido volver al juzgado para que el tribunal del justiprecio fije la cantidad que deberá pagar el ayuntamiento en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo. Su argumento es que Blanco "ha recortado en varias ocasiones los compromisos a los que llegamos".

Lo seguro es que la cantidad a pagar hipotecará el presupuesto municipal, aunque las cifras siempre han variado según las diera el ayuntamiento o los propietarios. Así, la alcaldesa ha cifrado en 8.857.580 euros el valor de las 3,7 hectáreas de las huertas, en función de un informe encargado a una consultora externa, mientras la tasación de los propietarios supera los 53 millones de euros. Pero a esto hay que sumar los intereses, que corren desde el 20 de mayo del 2004 y, según los propietarios, podrían llegar ya a 1,2 millones.

Así las cosas, un portavoz de los propietarios mayoritarios afirmó ayer que "la alcaldesa ha roto la negociación, no nosotros, porque hemos cedido hasta tres veces que ha rebajado el acuerdo inicial. No puede decir que lo hemos roto, sino que ha llegado un momento en que no podemos aceptar lo que nos dice".

En este sentido, explicó que si en un principio el acuerdo de permuta establecía para los propietarios 25 hectáreas de suelo municipal en el PP-6, tras Ciudad Jardín, para edificar 650 unifamiliares de entre 212 y 215 metros cuadrados "luego lo ha rebajado a 205 metros y al final nos dijo que se habían adherido más propietarios al acuerdo y que tenía bajar a 186 metros".

BLANCO NO SE PRONUNCIA A esto sumó la rebaja en la edificabilidad concedida para el 6% de La Isla, en la que estaba previsto construir un edificio singular de 5.000 metros que taparía el esquinazo del bar El Cordero. Así, según los propietarios, "al principio se comprometió a darnos 17.000 metros de edificabilidad, pero luego resulta que tenía que incluir a más propietarios y en vez de aumentar la edificabilidad la bajó a 15.800".

Con todo, han llegado a la conclusión de que "ya son muchos recortes, y si hubiéramos accedido, vendrían más". Por eso y, tras tratar de reunirse de nuevo con la alcaldesa sin éxito, han decidido recurrir de nuevo al tribunal del justiprecio, que fijará --calculan que en un plazo breve de tiempo-- la millonaria cantidad que tendrá que pagar finalmente el ayuntamiento por las huertas. Preguntada por este periódico, Elia Blanco ha preferido no pronunciarse de momento sobre la ruptura de la negociación, según comunicó ayer su asesora de prensa.