A partir de ahora los autores de actos vandálicos que sean sorprendidos por la policía local se exponen a multas de hasta 3.000 euros. Romper papeleras, garabatear columpios, hacer rodar contenedores, o hechos similares que le cuestan al ayuntamiento del orden de 30.500 euros al año, no saldrán gratis a los responsables porque la ordenanza municipal antivandalismo ya ha entrado en vigor.
La sanción mínima será de cien euros y en el caso de adolescentes de dieciséis y diecisiete años que hayan estado consumiendo alcohol, la multa se podrá canjear por servicios a la comunidad previo consentimiento de padres o tutores.
SIN INSTRUMENTOS El texto también sanciona el ruido como el que producen las motos con el tubo de escape trucado aunque para su aplicación el ayuntamiento tendrá que dotar antes a la policía local de sonómetro así como de etilómetro porque hasta cuando hay un accidente los agentes tienen que pedírselo a la guardia civil para comprobar si los implicados están bajo la influencia del alcohol.
Motivos ambos por los que la oposición ha retrasado la aprobación de la ordenanza sin que finalmente haya presentado alegación alguna. Se trata del primer texto municipal de estas características en el que comerciantes como los de la asociación del centro, tan afectados por el vandalismo, confían para atajar las pedradas o los rayones a sus escaparates. Lo que obligará a la policía a extremar la vigilancia dado que por turno no hay más de ocho agentes, insuficiente a juicio de la oposición en el ayuntamiento.
Mientras el gobierno municipal calcula que gasta unos 30.500 euros al año en reparar o reponer el mobiliario urbano destrozado. Sin evaluar la contaminación acústica.
