En el año 2018, el ayuntamiento tendría que pagar entre 5 y 6 millones de euros porque se sumarán el inicio de la devolución del préstamo que hizo el Ministerio de Hacienda por las huertas, al comienzo de la devolución de los intereses a los propietarios y a la devolución de otros créditos. Para evitar este desembolso, la Concejalía de Hacienda está manteniendo conversaciones con el Ministerio. Los objetivos son, por un lado conseguir el aplazamiento de la devolución del crédito y, por otro, que se elimine la etiqueta de ciudad endeudada «solo por una cuestión y heredada», lo que impide recurrir al crédito.

El concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, ya ha acudido en varias ocasiones el Ministerio para conseguir lo que daría un respiro al ayuntamiento. Lo que ha pedido es «tener mayor facilidad para la devolución del préstamo. Que se aplace lo máximo posible el pago y sin que ello suponga mayores intereses». De momento, señala que tiene «indicios de que se puede aplazar» y que un departamento del Ministerio «nos da la razón».

comisión nacional / Pero ha explicado que la decisión final requiere la convocatoria de una comisión de distintos departamentos, que «se tiene que formar cuando haya un gobierno nacional». Dijo además que el ayuntamiento lleva ya un año intentando conseguir esta aplazamiento y que no se ha solicitado para «que el alcalde se vaya de rositas y deje un legado a la próxima legislatura», como ha criticado el PSOE, sino para no perder la oportunidad de obtener fondos de la UE, que hay que cofinanciar.

Por otro lado, subrayó que le «preocupa más la calificación de ciudad endeudada» debido a que, por las huertas, este parámetro se ha elevado hasta el 110%, lo que significa que el ayuntamiento no puede solicitar ningún crédito. «Esto va a durar bastantes años, próximas legislaturas, y supone que el ayuntamiento no va a poder aspirar a financiarse».

Hernández recordó que, si no fuera por las huertas, la deuda municipal no llegaría al 70% y el ayuntamiento podría pedir créditos sin problemas. Es consciente de la dificultad de eliminar esa etiqueta a la ciudad y, por eso, ha hecho un llamamiento a la Junta y la Diputación Provincial de Cáceres para, «por lo menos, no cargarnos con competencias que no son nuestras y posibilitar así que nuestro presupuesto pueda afrontar solo servicios propios». Porque señaló que la cofinanciación de competencias delegadas supone un gasto de 1,5 millones al consistorio. H