Hace justo un mes que la empresa del matadero debería haber desalojado las instalaciones municipales y haber dejado de prestar el servicio. Pero no lo ha hecho, pese a que el ayuntamiento se lo notificó dos días antes del plazo, así como la resolución del contrato por diversos impagos. Dado que la empresa ha seguido trabajando y continúa haciéndolo "con normalidad", según un informe del ingeniero industrial y policías locales, la junta de gobierno municipal ha decidido desalojar a la empresa del edificio.

Fue en el 2001 cuando comenzó a prestar el servicio y en el pliego de condiciones se fijaba la posibilidad de conceder prórrogas por periodos de cinco años y hasta un máximo de 30. Pero el pasado 23 de octubre, la junta de gobierno decidió denunciar el contrato y el convenio de gestión, de forma que quedaría extinguido el 27 de abril de este año. El motivo fundamental, el impago del canon anual desde el inicio de la actividad y hasta el año pasado, por un importe total de 66.091,36 euros. El ayuntamiento notificó esta decisión a la empresa en noviembre y en febrero, aquella presentó un recurso de reposición que fue denegado por estar ya fuera del plazo legal.

Así pues, el 22 de abril se confirmó la extinción del contrato y se le dio a la empresa de plazo hasta el días 27 para "dejar libres las correspondientes instalaciones y elementos afectos de concesión", que pasarían al ayuntamiento.

Pero personal municipal y de la policía local acudió a la instalación el pasado 9 de mayo y constató que, ni la empresa había dejado de prestar el servicio, ni se había marchado. En un informe, el técnico de contrataciones hace constar que "está persistiendo en la ocupación de un bien de dominio público (afecto a un servicio público) una vez extinguido el título que legitimaba su ocupación, y, por tanto, en régimen de precario". Recomienda a su vez, en base a la normativa, iniciar el procedimiento administrativo para proceder al desahucio de la empresa, que es lo que ha acordado la junta de gobierno.

Se le ha concedido un plazo de diez días para alegaciones, pero señala que "en caso de acordarse dicho desahucio y no desalojarse el inmueble en plazo, se procederá al desalojo forzoso, y liquidación, en su caso, de los gastos de lanzamiento".