El Ayuntamiento de Plasencia tendrá que hacerse cargo finalmente del abono de los 17.700 euros que costó el informe que la exalcaldesa Elia María Blanco solicitó a un bufete privado para su defensa en el proceso judicial abierto contra ella, otros cinco ediles y exconcejales socialistas y un constructor local.

Según señala el alcalde, Fernando Pizarro, el Juzgado de lo Contencioso de Cáceres ha fallado en contra del ayuntamiento de la capital del Jerte y le obliga a asumir el coste de elaboración del informe.

"Esto es lo que dice el Juzgado y como tal no tengo mucho más que decir, salvo que creo, como supongo que también la mayoría de los placentinos, que las arcas municipales no deberían asumir un gasto que forma parte de un proceso judicial en el que no se ha hecho nada más que daño a esta ciudad", asevera.

Se trata de un informe que la defensa de la exalcaldesa y edil del Grupo Socialista presentó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Plasencia, que investiga el caso de las supuestas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras en la capital del Jerte durante las dos últimas legislaturas.

Este informe, que versa sobre el contenido y alcance de las funciones propias del interventor y el secretario del Ayuntamiento, fue rechazado por el titular del número 4 y, posteriormente, por la Audiencia Provincial.

En octubre de 2011, Pizarro anunció que las arcas municipales no se haría cargo del abono "ya que fue encargado por Elia Blanco para una cuestión personal, como es su defensa en el proceso judicial y que, por lo tanto, no debe pagarse con dinero público".

Pizarro explicó entonces que una vez que el Consistorio recibió la factura del bufete, el Gobierno local, siguiendo el procedimiento normal, la presentó ante los técnicos municipales.

Ahí recibió el reparo del interventor, por lo que se paralizó el pago, lo que propicio la denuncia ante el Contencioso por parte de su autor, según el alcalde.

El alcalde aseguró que el reparo del técnico municipal está "justificadísimo" si se tiene en cuenta que el Gobierno local, nada más tomar posesión, modificó las bases de ejecución del presupuesto para evitar que las arcas municipales tuvieran que hacer frente al pago de las defensas de los ediles imputados.