El gobierno municipal ha cambiado su planteamiento inicial para pagar a los dueños de las huertas de La Isla los 40 millones de euros que le restan por pagar según una sentencia del Tribunal Supremo. Si la primera propuesta fue la de las polémicas torres de pisos en las huertas y otras tres zonas de la ciudad, ahora no se nombra a las torres, incluso se está estudiando eliminar algunas de cara a la próxima aprobación municipal del nuevo PGM y se plantean dos alternativas, que se aprobarán el viernes en pleno para enviar después al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Como explicó ayer el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, la primera propuesta consiste en la entrega de terrenos a los dueños "con el aprovechamiento urbanístico suficiente para saldar la deuda". La mitad de la deuda se solventaría con la cesión de una parte de las propias huertas, en el espacio ubicado entre la medianera del antiguo Cordero y las escaleras de Santa Elena, pero con una edificabilidad bastante menor que la planteada con las torres. Es decir, la propuesta habla de una edificabilidad de 59.231,13 metros cuadrados y con las torres, más garajes y suelo comercial se situaba en unos 120.000 metros cuadrados.

A esto sumarían la entrega de terrenos municipales de licencia directa, es decir, para poder construir de inmediato, en otras zonas "estratégicas" sin concretar y la cesión de terrenos en unidades de ejecución urbanizadoras, para construir en el futuro, también en zonas sin concretar. Esta propuesta abierta "no nos compromete a mantener la ordenación como está planteada ahora en el plan general", subrayó el concejal.

La segunda propuesta sería una fórmula mixta. Por un lado, el ayuntamiento se comprometería a poner en venta los solares anteriores y a pagar a los propietarios con el dinero que sacara y, al mismo tiempo, se presupuestaría hasta un máximo de 500.000 euros anuales con recursos propios, durante 20 años, con el objetivo de garantizar un pago anual en el caso de que no lograra vender los terrenos.

La intención, dado que los informes económicos avalan que no es posible pagar la deuda en efectivo, es "dar una respuesta lo suficientemente seria al juez; demostrar que tenemos toda la disposición para pagar y no comprometernos por completo en cuanto a la ordenación", subrayó el edil de Urbanismo.