El ayuntamiento se va a adherir al convenio firmado para que las personas que han sido desalojadas de sus viviendas por impago de la hipoteca puedan optar a un piso en alquiler propiedad de los bancos. Es el llamado Fondo Social de Viviendas, que pone a disposición de los desahuciados un total de 5.891 en toda España.

El convenio se firmó el pasado enero entre varios Ministerios, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. El pasado lunes, la junta de gobierno local acordó adherirse a este convenio. Ahora, y según informaron ayer fuentes municipales, solo resta comunicar este acuerdo a la Federación de Municipios y Provincias para que las personas desahuciadas de la ciudad puedan optar a alojarse en alguna de estas viviendas propiedad de los bancos.

Según recoge este convenio, que se puede consultar en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad, las entidades de crédito pondrán a disposición de los posibles beneficiarios, de los ayuntamientos y Diputaciones Provinciales colaboradores, de las Organizaciones No Gubernamentales que desarrollen y ejecuten proyectos de inclusión social y de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de este plan, información relativa a la viviendas incluidas en su fondo social, sus características básicas, su distribución por municipios y comunidades autónomas, los requisitos para acceder al contrato de arrendamiento y los términos básicos del mismo. Esta información estará igualmente disponible en las sucursales de las entidades de crédito y sus páginas electrónicas.

No obstante, y dado que el acuerdo de adhesión se acaba de firmar, el ayuntamiento no disponía ayer todavía de información sobre el número de viviendas puestas a disposición de los afectados en la ciudad, ni de sus características.

Por lo que respecta a los beneficiarios, el convenio señala que solo podrán optar a ellas las personas desahuciadas desde el 1 de enero del 2008 por impago hipotecario y solo podrán optar al fondo del banco en el que tenían la hipoteca. Según el ayuntamiento, a los servicios sociales municipales no ha llegado ningún caso de desahucio.