El servicio municipal del matadero lleva sin funcionar desde primeros del mes de septiembre. La instalación está cerrada y el ayuntamiento está preparando ya el pliego de condiciones para sacarlo de nuevo a licitación.

Sin embargo, el pliego no se podrá terminar hasta que el gobierno municipal no compruebe el estado en que el anterior adjudicatario dejó las instalaciones. Cabe la posibilidad de que haya desperfectos que podría no poder costear el ayuntamiento y, en ese caso, se podrían incluir en el pliego como una de las obligaciones del nuevo adjudicatario.

De momento, nada es seguro. Según ha explicado el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, una vez ejecutado el desalojo forzoso de la anterior adjudicataria de la instalación, se cambiaron las cerraduras y técnicos municipales fueron en el mes de septiembre a revisar el matadero para hacer un inventario de su estado. Porque según el pliego por el que regía el servicio, «debían dejarlo en perfecto estado de revista, es decir, toda la instalación tiene que estar funcionando, las cámaras, los corrales deben tener su agua y sus merenderos, todo».

De lo contrario, habría que abrir otro procedimiento sancionador para reclamar a la empresa el coste, que se sumaría al expediente ya abierto por deudas en relación al canon anual.

El concejal está esperando el informe exhaustivo de los técnicos y además ha explicado que se va a realizar una prueba de funcionamiento de la maquinaria de la instalación. «A partir de ahí, tendremos una idea de la verdadera situación del matadero».

Equipo mixto / No obstante, subrayó que ya se está trabajando en el nuevo pliego y lo está haciendo un equipo ténico formado por personal municipal y veterinarios de la Junta de Extremadura. Su intención es que no se retrase mucho más y poder contar con un nuevo pliego en breve.

Porque ya han pasado dos meses sin actividad, desde que el ayuntamiento se vio obligado a desalojar a la anterior empresa.

El 29 de abril quedó extinguido el contrato, que el ayuntamiento decidió no renovar después de varios impagos, del canon, que ascendía a 66.091 euros, y de cuotas de la seguridad social de los trabajadores, que después ingresó, aunque no así el canon.

La empresa recurrió la decisión municipal y siguió trabajando, pero su recurso fue rechazado, por lo que finalmente se procedió al desalojo, que ha obligado a los ganaderos a llevar sus animales a otros mataderos.