El ayuntamiento no adjudicará obras a las empresas en las que solo trabajen hombres ni concederá subvenciones a los colectivos únicamente masculinos. Tomará estas medidas cuando se apruebe en pleno la nueva Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres que, según su promotora, la concejala Raquel Puertas, busca "prevenir conductas discriminatorias con una norma que obligue a cumplir leyes actuales como la Ley de Igualdad o de Violencia de Género".

Puertas es consciente de que estas nuevas medidas pueden generar polémica, pero advierte de que "esta es una norma basada en leyes, no nos la hemos inventado, pero necesitamos un ordenamiento municipal para que sea de obligado cumplimiento". Entre estas leyes en que se basa la ordenanza cita también la Constitución y la legislación europea sobre licitaciones públicas. "Son leyes que están ahí, pero no se están cumpliendo, a pesar de que se dan plazos para que las empresas y colectivos se ajusten, pero ahora vamos a hacerlas cumplir".

Entre los cambios que incluirá, destaca, además de las adjudicaciones y subvenciones a empresas y colectivos en los que trabajen mujeres, la obligatoriedad de la paridad en política, no solo en las listas electorales, sino también en las comisiones municipales, e introducirá cambios en el lenguaje de los textos que provienen del ayuntamiento. Puertas pone un ejemplo: "Las solicitudes donde la gente puede hacer sus reclamaciones en el ayuntamiento siempre empiezan en El señor Don... ".

Pero el texto también recoge otros aspectos, como la asistencia a las víctimas de violencia de género; la formación del personal municipal; la creación de sucesivos planes de igualdad; no costear publicidad en medios de comunicación que utilicen un lenguaje sexista y las actuaciones y servicios en materia de malos tratos.

Sin olvidar las funciones de la oficina municipal de igualdad, que actuará como instrumento de control para garantizar que la ordenanza se cumple. "La oficina va a vigilar para que la norma se cumpla y emitirá informes de cumplimiento", subrayó la concejala.

Será el próximo año cuando comience a regir la ordenanza, elaborada por técnicos en igualdad, una socióloga, una trabajadora social, una psicóloga, una educadora social y una abogada, pero que Puertas ha abierto a las aportaciones de grupos políticos, sindicatos y el consejo de la mujer. Ya tiene el visto bueno de los servicios jurídicos y en 20 días estarán listas las aportaciones para someter el texto a la aprobación del pleno.