Ni el concejal socialista Francisco Barbancho ni el exedil Blas Raimundo cometieron un presunto delito de alzamiento de bienes debido a sus movimientos de cuentas bancarias. Así lo manifestaron ayer los abogados defensores de ambos, que pedirán el archivo del caso, como también lo hará el abogado de Elia Blanco. Precisamente, la Fiscalía de Cáceres ha decidido abrir diligencias contra este letrado por presuntas calumnias contra la Policía Nacional, ya que el abogado señaló públicamente que la imputación de Blanco "se basa en datos falsos aportados por la policía".

Francisco Barbancho declaró ayer durante una hora ante la jueza del juzgado número 2 y su abogado, Fernando López, dijo que el edil "no hizo ningún movimiento de cuentas de carácter sospechoso ni antes, ni durante, ni después" del auto de apertura de juicio que fijó para el edil una fianza de 915.000 euros.

El letrado afirmó que todos fueron "movimientos ordinarios como los de cualquier familia. No hay razón ni justificación para esta causa", por lo que pedirá el archivo del caso.

Es lo que hará también el abogado de Blas Raimundo, Juan José Bravo, porque "la actuación de mi defendido en modo alguno constituye un delito". El exedil tardó unos diez minutos en declarar y, a su salida, dijo: "Las leyes para mí son como los cuadros abstractos, que todos entienden, todos los miran y cada uno los interpreta como cree que debe de interpretarlos". En su caso, la fianza fijada por el juez fue de 75.000 euros.

El informe elaborado por la unidad de delincuencia especializada de la policía judicial de la comisaría de Cáceres refleja, en el caso de Barbancho, cancelaciones de cuentas y movimientos desde octubre del 2010 a abril del 2012 y, en el caso de Raimundo, que, en abril del 2012, tres días antes del embargo, sacó de una cuenta 5.000 euros.

Precisamente, a este informe policial se refirió el abogado de Blanco el lunes al afirmar que aportaba "datos falsos", lo que ha derivado en que la fiscal-jefe de Cáceres, Marta Abellán, ha decidido abrir diligencias contra el letrado, José María Gómez, por un presunto delito de calumnias "contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones", lo que permite a la Fiscalía actuar de oficio, y además, con el agravante de haberlo hecho de manera pública.

Esto le da mayor gravedad al delito y el Código Penal fija penas de prisión de 6 meses a 2 años o una multa de 12 a 24 meses. La fiscal criticó que el letrado "ha desacreditado a la Policía Nacional, que hace un trabajo muy bueno y todos sus datos son verdaderos". El abogado será citado a declarar.

Por otro lado, el secretario de comunicación de la ejecutiva provincial del PSOE, Ernesto Agudiez, señaló ayer que las declaraciones de socialistas "no dejan de ser una situación anómala. Creemos en la presunción de inocencia y también en que el partido está por encima de las personas y, si dañan su imagen, deben entregar sus actas".